Puerto Quetzal redujo de más de 50 a entre cinco y siete los buques en espera, según el viceministro Fernando Suriano. Sin embargo, la falta de grúas y la necesidad de ampliar la infraestructura siguen siendo desafíos para el sistema portuario, mientras avanza la implementación de la nueva ley.

La cantidad de buques en espera para ingresar a Puerto Quetzal pasó de más de 50 a entre cinco y siete, según informó el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, durante la conferencia de prensa La Ronda. El funcionario atribuyó la reducción a mejoras operativas, mayor disponibilidad de grúas y coordinación entre operadores públicos y privados.

Suriano aseguró que la crisis de congestión está superada, aunque reconoció que algunas embarcaciones aún no pueden descargar sus productos por falta de espacio en las bodegas. Tampoco proporcionó cifras sobre los tiempos promedio de espera ni sobre la reducción de los costos asociados a la permanencia de los buques.

Uno de los problemas fue la escasez de grúas. Según explicó, una empresa contratada para mantener cinco equipos disponibles llegó a operar con uno. Las autoridades modificaron el contrato y promovieron el ingreso de nuevos operadores.

Una segunda empresa incorporará dos grúas y se prevé la participación de una tercera para ampliar la capacidad de atención de contenedores y carga a granel.

El viceministro afirmó que la reducción de la congestión coincide con un aumento de la carga movilizada, aunque no presentó estadísticas comparativas de toneladas que respalden ese incremento.

También informó sobre inversiones privadas para mejorar la descarga y el almacenamiento de mercancías. Según explicó, aproximadamente el 70% del territorio de Puerto Quetzal opera bajo un esquema de gestión indirecta.

Ampliación de infraestructura portuaria

Suriano indicó que avanzan proyectos para modernizar los sistemas de seguridad y protección de Puerto Quetzal, con participación del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros de Guatemala y la Empresa Portuaria Quetzal.

Entre las prioridades figura la ampliación de muelles y espacios de atraque. El funcionario reconoció que el puerto acumula más de 30 años sin inversiones estratégicas para ampliar esta infraestructura, lo que limita su capacidad ante el crecimiento del comercio.

Los equipos técnicos elaboran los instrumentos y las especificaciones para contratar y construir nuevas instalaciones. Sin embargo, Suriano no precisó fechas de inicio, costos ni cantidad de muelles previstos.

En Santo Tomás de Castilla, los trabajos de rehabilitación del muelle 3 están en su fase final. La infraestructura, construida hace más de cuatro décadas, presentaba deterioro que limitaba su capacidad para soportar determinadas cargas.

Los planes también incluyen ampliar patios, terminales y áreas de almacenamiento de contenedores y productos a granel.

El puerto desarrolla, además, un proceso de digitalización para facilitar el seguimiento de mercancías, la consulta de trámites y la programación de citas. Suriano no detalló qué plataformas funcionan ni cuándo concluirá la modernización tecnológica.

Implementación de la nueva ley portuaria

Suriano informó que la Ley General del Sistema Portuario Nacional entró en vigor el 2 de octubre del 2026 y se encuentra en su primera fase de implementación, que contempla la integración del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional en un plazo de 90 días.

El directorio estará integrado por representantes de la Presidencia de la República, los ministerios de Comunicaciones, Gobernación y Economía, y el sector privado, con sus respectivos titulares y suplentes.

Una vez conformado, deberá nombrar al gerente general, quien organizará la estructura administrativa, contratará personal y desarrollará las disposiciones necesarias para el funcionamiento de la institución.

La implementación también requiere elaborar más de 26 reglamentos y establecer los mecanismos para trasladar funciones de la Comisión Portuaria Nacional a la nueva autoridad.

Según Suriano, la legislación permitirá establecer una política portuaria nacional para coordinar el desarrollo de las terminales, que históricamente han operado bajo normas y esquemas administrativos propios.

La nueva autoridad asumirá responsabilidades de regulación, planificación, seguridad operacional, protección portuaria y recopilación de estadísticas, además de gestionar los espacios marítimos destinados a estas actividades.

El viceministro reconoció que la transición requerirá procedimientos administrativos, contratación de personal y elaboración de reglamentos antes de que la institución pueda asumir plenamente sus funciones.

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