Rubén Morales, ministro de Economía, aseguró que el objetivo es manejar esa instancia a través de un comité ejecutivo integrado por representantes de los sectores público y privado, y que sería presidido por el titular de Economía.
Morales agregó que lo que se busca es que la estructura incluya no solo el tema de inversión, sino también la promoción de la marca país, comercio e inteligencia de mercados.
Desde el año pasado, la falta de presupuesto disminuyó la operación de la oficina Invest in Guatemala y este año se suspendió por ocho meses.
En la actualidad, ya se nombró como coordinador de Invest y de los Pacit, al Ingeniero Químico, Otto Mazariegos.
Morales espera que en lo que queda del año se apruebe el acuerdo gubernativo que dé vida a la agencia, para que esta pueda empezar a operar a partir del 2017.
Refirió que no se ha pensado hacer un préstamo como el que se usó en el período del 2004 al 2008, ya que al terminarse los fondos esa labor se quedaría sin recursos.
Según explicó, para la operación del 2016 se redujeron gastos y se consolidaron fondos del ministerio para orientarlos a la promoción del comercio y las inversiones, por lo que se buscaría seguir dotando a esa actividad con fondos propios.
Acisclo Valladares, comisionado presidencial de Competitividad, afirmó que lo que se pretende es darle vida propia al programa, y recordó que ya existe una iniciativa de ley en el Congreso para crear ProGuate con esos fines, pero no se ha aprobado.
Escenario actual
Para mejorar se necesita aprobar 16 iniciativas de ley y una normativa, según análisis que ha efectuado Fundesa
En los últimos años se mantuvo o mejoró la calificación de riesgo país.
En cinco años se mejoró 20 puestos en Índice del Doing Business; seis en el de Competitividad Global; 3 en Desarrollo Humano y pero se bajó 32 en el Índice de Percepción de Corrupción, reporta ese ente.
David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), comentó que en la actualidad en el tema de atracción de inversiones hay incertidumbre debido al marco regulatorio y se sigue sin saber cuál va a ser la dirección de una posible reforma fiscal, además de que continúan las fallas en materia de seguridad e infraestructura productiva.
Otro tema, expuso, es la institucionalidad con la cual se negocia el salario mínimo, la cual calificó de incierta, ya que las partes no llegan a acuerdos y se convierte en una decisión política porque pasa al Presidente de la República para que este sea quien tome la decisión.
En los casos actuales, mencionó, se involucra a empresas en las que hay procesos de intervención por adeudos fiscales, y se debe enviar un mensaje claro con un marco legal estable y aprender que el nuevo ente está tomando otro rumbo, al pasar de ser “una entidad muy pasiva” a una “con más fuerza y mejor organizada”, añadió el analista.
