La normativa establece la regulación de las empresas de cobro ya que prohíbe el acoso y hostigamiento en horarios hábiles, el cobro a través de afiches y sólo se podrá recordar del pago al usuario dejando un mensaje telefónico a familiares o conocidos.

Fernando Trabanino, defensor del consumidor de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), informó que el temor de los usuarios se incrementó en los últimos días por “la desinformación que se había dado de manera reciente por parte de las empresas emisoras de tarjetas de crédito, quienes en algunas entrevistas a medios de comunicación, expresaron que convencerían al Presidente para que vetara la Ley”, dijo el defensor.

Los representantes de la Adutacred, la Liga del Consumidor y las asociaciones de consumidores que integran el Foro Multisectorial de Protección al Consumidor presentaron el sábado la solicitud al presidente de la república que constaba de dos puntos.

“Uno que no vetara la Ley de Tarjetas de Crédito por ser una medida importante para el consumidor y como segundo punto solicitaron un espacio para poder conversar el presidente, Alejandro Maldonado  y trasladar el sentir en este momento de los usuarios y consumidores”, explicó Trabanino.

Los representantes de las diferentes asociaciones manifestaron que de no recibir una respuesta, a partir del miércoles de la próxima semana, habrá un grupo de usuarios que estaría presentándose frente a Casa Presidencial, “como medida de presión”, afirmaron.

Contenido de la Ley

La normativa obliga al emisor de tarjetas de crédito a realizar una evaluación de la capacidad de pago de las obligaciones dentro de un plazo establecido en un contrato.

Es decir, que antes de otorgar el producto de crédito las empresas deberán realizar un análisis de las referencias crediticias del usuario.

Además, se establece un límite al crédito y al extrafinanciamiento que puede ser otorgado al tarjetahabiente, no debe exceder del doble de sus ingresos mensuales.

El decreto incluye además el delito de clonación de tarjetas de crédito, fijar un tope a las tasas de interés y obligar a las empresas a verificar la capacidad del pago. La normativa establece que entrará en vigencia tres meses después de su publicación en el Diario Oficial.

La Ley estipula que la vigencia y la terminación del contrato deberán ser pactadas por un período determinado, el cual podrá ser prorrogado conforme lo establezcan las partes. Asimismo, el tarjetahabiente podrá dar por terminado el contrato al hacerle saber al emisor su decisión.

Cuando la deuda alcance el 150 por ciento del límite de crédito o cuando el usuario considere que no puede pagar sus obligaciones, podrá reestructurar su deuda y demás obligaciones.