Evitar la reducción de áreas protegidas, la lucha contra concesiones petroleras y posible construcción de hidroeléctricas en zonas boscosas y otras demandas contra la contaminación del aire y el agua, fueron las exigencias de la población.

El caso más notable fue la integración de un frente común de cinco alcaldes de Izabal, apoyados por sus comunidades, al oponerse a la concesión de explotación petrolera en el Lago de Izabal, ante la amenaza de un derrame de crudo que contamine ese cuerpo de agua.

Los jefes ediles y la población local que exigían la suspensión de la concesión no se dejaron intimidar por acciones de la Gobernación Departamental y militares del área.

Finalmente, obligaron al Gobierno a dar marcha atrás.

Otro ejemplo lo dieron nueve alcaldes de Zacapa y dos de El Progreso, en representación de sus poblados, al firmar un memorial en el cual exigieron al Consejo Nacional de Areas Protegidas, Conap, restablecer los límites originales de la zona núcleo de la Sierra de las Minas y cancelar una concesión forestal en esa área, ante la amenaza de afectar los nacimientos de agua de esas montañas.

Por lo anterior, el presidente Alfonso Portillo se vio obligado a intervenir y ordenar cancelar la concesión y la modificación de la zona núcleo.

En Petén, un numeroso grupo de vecinos de distintas comunidades integraron el ?Frente Petenero contra las Represas?, para exigir una postura gubernamental ante los insistentes rumores de la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Usumacinta, la cual inundaría 300 kilómetros de ecosistemas y sitios arqueológicos en el lado guatemalteco.

Tanto el ministro de Energía y Minas, Raúl Archila, como el ministro de Ambiente, Carlos Cáceres, negaron la existencia de dicho proyecto.

La mortandad de peces y malos olores en el río Motagua alertó a las comunidades de las riveras en cuanto a sobrecontaminación del afluente.

Ante la presión social, el Ministerio de Ambiente amonestó a una hidroeléctrica, acusándola de malos manejos de los lodos residuales.

Autoridades pasivas

Diversos sectores criticaron la tibieza de la cartera ambiental.

Acciones de la Fiscalía de Ambiente y las valerosas denuncias de trabajadores de los puestos de Salud llevaron a proceso al alcalde de Escuintla, y 88 más quedaron bajo investigación por no clorar el agua.

Vecinos de Antigua Guatemala interpusieron una demanda contra su alcalde, por contaminar el área con el basurero ubicado en la finca municipal Florencia.

Una acción gubernamental que generó polémica fue la intervención del Instituto Nacional de Bosques, Inab, en un intento del Gobierno por mantener el control sobre esa institución.

La inestabilidad interna en el Inab fue el catalizador para la creación de un sindicato, el cual se unió a las protestas de concesionarios forestales para exigir al Ejecutivo el retiro de la intervención.

Planta nociva

La aparición de la planta Hydrilla verticillata, también conocida como planta extraterrestre, en el Lago de Izabal, puso a descubierto la vulnerabilidad de los recursos hídricos del país y la lentitud del Estado para reaccionar ante ese tipo de amenazas.

Científicos de la Universidad de San Carlos se unieron a las iniciativas gubernamentales de alto nivel, a fin de detener el avance de la planta.

Quema de caña

A pesar de todo, las autoridades ambientales celebran sus logros al llegar a acuerdos con los cañeros de la Costa Sur para reducir la contaminación por la quema de caña, así como el compromiso de las licoreras de tratar sus desechos.

Un avance para el Ministerio de Ambiente fue la creación del Consejo Consultivo, integrado por todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones sobre estos temas.

Para el próximo año, el Conap tiene contemplado iniciar el rescate del Parque Laguna del Tigre y solicitar al Congreso la declaratoria de áreas protegidas para tres sitios más.

No obstante, diversos sectores ambientalistas coinciden en que todavía falta fortalecer las instituciones ambientalistas, como la Fiscalía contra Delitos Ambientales y el Sistema de Areas Protegidas Pero, sobre todo, exigir a las autoridades el cumplimiento de las leyes sobre el tema y la aplicación de castigos severos contra aquellas personas o empresas que cometen ecocidios.

Ecologistas: Urge política ambiental

Para los ambientalistas, la naturaleza sigue perdiendo terreno y el Ministerio de Ambiente no alcanza su verdadero papel.

Magaly Rey Rosa, de Colectivo MadreSelva,destaca que aunque hubo aspectos positivos, el Ministerio de Ambiente sigue sin tener una política ambiental definida.

?El Conap no ha salido de la crisis y ahora hay un director regional en Zacapa señalado de múltiples ilícitos, mientras el gobernador de Petén incita a las invasiones en el Parque Laguna del Tigre, y el ministro de Energía avala minería a cielo abierto y proyectos hidroeléctricos no amigables al ambiente?, señaló.

?El Ministerio de Ambiente no logra el liderazgo esperado, sobre todo ahora que vienen problemas, como la apertura de Celgusa. Tampoco se ha visto el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental?, dijo Carlos Albacete, director de Trópico Verde.

Entre los grandes retos está evitar el tráfico de la caoba, ahora que fue incluida al apéndice 2 de la lista Cites, así como frenar las invasiones en el Parque Laguna del Tigre, concluyó Albacete.