El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidió al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil (PNC) actuar para liberar las carreteras que permanecen bloqueadas. También solicitó al Ministerio Público (MP) investigar quién organiza estas acciones, si existe financiamiento y cuáles serían sus motivaciones.

Durante una conferencia de prensa, representantes del sector empresarial señalaron que los bloqueos se han mantenido durante 10 días y han afectado el traslado de trabajadores, estudiantes, pacientes, mercancías y materias primas.

“Llevamos 10 días de bloqueos que han afectado a miles de guatemaltecos”, afirmó Charls Bland, vicepresidente del Cacif. Agregó: “Las pérdidas económicas, los problemas de abastecimiento y las afectaciones a la producción continúan”.

Los empresarios denunciaron que en algunos puntos se estaría solicitando número de DPI y firmas para permitir el paso, además de posibles cobros a conductores. El Cacif pidió que estos señalamientos sean investigados para determinar responsabilidades.

Bland se refirió específicamente a la recopilación de datos personales en los bloqueos: “Medios de comunicación han reportado que en algunos bloqueos inclusive se exige nombre, DPI y firma como condición para permitir el paso”. Luego cuestionó: “¿Quién recopila estos datos? ¿Quién los instruyó? ¿Y para qué? ¿Para qué van a ser utilizados? El Ministerio Público debe actuar”.

El sector empresarial sostuvo que las investigaciones no deberían limitarse a quienes participan directamente en los bloqueos, sino determinar si existen organizadores o autores intelectuales. También planteó que, por la duración, recurrencia y simultaneidad de las protestas, corresponde establecer si existe algún nivel de coordinación y cuáles serían sus objetivos.

El vicepresidente del Cacif añadió: “Al Ministerio Público le corresponde investigar los posibles delitos e identificar y perseguir a los responsables, no solo a los que están ahí, también a los autores intelectuales. No pedimos actuaciones fuera de la ley, exigimos que se cumpla la ley”.

Los empresarios descartaron que sea necesario decretar un estado de prevención para liberar las carreteras. Argumentaron que ya existen resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) y facultades legales para que las autoridades garanticen la libre locomoción. Defendieron el derecho a la manifestación pacífica, pero diferenciaron esa protesta del bloqueo de carreteras.

“No necesitan un estado de prevención para hacerlo”, respondió Bland al ser consultado sobre esa posibilidad. “Desde el primer bloqueo que existe, ese bloqueo se debe de desalojar. Está bien manifestar y estamos a favor de la manifestación”, agregó.

El empresario insistió en diferenciar ambas acciones: “Una cosa es manifestarse y otra cosa muy diferente es bloquear”.

Sobre el impacto económico, los representantes del sector privado indicaron que por las aduanas guatemaltecas circulan aproximadamente US$150 millones diarios en importaciones y exportaciones. También estimaron que las interrupciones representan alrededor de Q100 millones diarios que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) deja de percibir en recaudación.

Los empresarios señalaron que los bloqueos afectan la producción, el abastecimiento y el transporte, además de tener un posible impacto en futuras decisiones de inversión.

“No es solo lo que se pierde actualmente en el país, sino que son las inversiones que no vienen, que tal vez en algún momento estaban considerando venir y después de esto ya no”, afirmó Bland.

Los representantes empresariales afirmaron que conversaron este jueves 11 de septiembre con el presidente Bernardo Arévalo sobre la situación y señalaron que el Ejecutivo les informó sobre acciones realizadas para liberar vías y detenciones efectuadas. El Cacif insistió, sin embargo, en que las autoridades deben intervenir desde que comienza un bloqueo y evitar que la situación escale.

“Hoy en la mañana estuvimos con el presidente y justo hablamos del tema de los bloqueos”, respondió Bland durante la conferencia.

Respecto del origen de las protestas, el sector reconoció el impacto del incremento de los combustibles en hogares y empresas, pero sostuvo que el aumento responde principalmente a factores internacionales y geopolíticos. Consideró que el subsidio temporal aprobado por el Congreso puede funcionar como una medida paliativa, aunque advirtió que no existe certeza sobre cuánto durará la presión internacional sobre los precios.

“El tema de los combustibles tenemos que entender que también es un tema geopolítico y es un tema internacional. Los precios de los combustibles han subido a nivel internacional”, explicó Bland.

Sobre la duración de esa situación, añadió: “Entonces, si me preguntan cuánto tiempo va a durar la crisis, nadie lo sabe. Nosotros no”.

El Cacif reiteró sus reservas frente al uso prolongado de subsidios, al señalar que los recursos públicos para financiarlos son limitados. Indicó que cualquier reducción de impuestos o compensación estatal debe considerar de dónde provendrán los fondos y cuál será su impacto en otros destinos del gasto público, particularmente los recursos vinculados al mantenimiento de carreteras.

“Siempre hemos sido enfáticos que nos preocupan los subsidios, porque de algún lugar tiene que salir el dinero”, expresó Bland.

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