El Consejo Nacional de Adopciones (CNA) presentó este martes ante el Ministerio Público (MP), una denuncia en contra de un juez de niñez y adolescencia de Zacapa y personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) que resulte responsable de algún delito, al haber declarado adoptable a un niño; 9 años después de haber sido abandonado.

Autoridades del CNA consideran que al menor se le negó de forma “negligente la oportunidad de crecer en familia”.

Según las autoridades, el 21 de abril de 2011, el niño fue abandonado dentro de una caja plástica, en una de las calles de Chiquimula cuando tenía 15 días de nacido.

La audiencia donde se conocería el caso del menor se programó para el 17 de agosto de 2011, aunque fue suspendida y se efectuó el 24 de mayo de 2012, en esa oportunidad se le otorgó el plazo de 4 meses a la PGN para ubicar recurso familiar para el niño y según indica la sentencia ese informe fue evacuado hasta el 2 de julio del 2019.

El 18 de diciembre de 2019 se celebró la audiencia definitiva en la cual se resolvió la situación del niño abrigado en un hogar de protección.

Proceso tardío

Los abogados del CNA consideran que hubo un retardo en la tramitación del expediente y se violaron los derechos del niño, puesto que el proceso de protección se inició en el año 2011 y casi nueve años después fue dictada la sentencia de adoptabilidad, específicamente el 19 de diciembre de 2019.

También indicaron que el 4 de junio de 2020, seis meses después de haber dictado la sentencia se le notificó al CNA la referida declaratoria de adoptabilidad, cuando el niño ya tiene nueve años de edad aproximadamente, por lo que figura dentro del programa de adopciones prioritarias integrado por niñas, niñas y adolescentes de difícil ubicación por razón de la edad.

Delitos

Érick Cárdenas, director del CNA, indicó que los involucrados encuadran en los delitos de incumplimiento de deberes por no cumplir con sus funciones.

Agregó que actualmente hay 246 niños a la espera de ser adoptados, de los cuales el 80 por ciento son “menores prioritarios o de difícil ubicación”, puesto que son mayores de 7 años,  grupos de hermanos o padecen alguna enfermedad.

“A este niño lo condenaron a vivir ocho años dentro de un hogar y le redujeron la posibilidad de ser adoptado, haremos lo posible por buscarle una familia, pero ahora la sentencia dice que nos da tres meses para que le encontremos familia, cuando el juez no resolvió rápido”, señaló.