Después de la explotación laboral y sexual, le siguen las víctimas de pornografía, mendicidad, venta de personas y alteración del estado civil y suposición de parto, entre otras.

“En el 2007, lo que prevalecían eran las adopciones irregulares; no obstante, la modalidad cambió luego de implementada la normativa”, explicó Álex Colop, jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Trata de Personas.

Se señala que las víctimas más afectadas son niños y adolescentes, aunque no se descarta que en algunos casos haya adultos mayores y mujeres.

Colop explicó que en cuanto a explotación sexual, este año se han registrado 14 víctimas, todas guatemaltecas y la mayoría se refiere a trata interna, es decir, de áreas rurales a urbanas.

“Se descarta el rescate de otras nacionalidades. Lo que se ha detectado son víctimas indirectas —que aseguran que trabajan como meseras o conserjes y niegan abusos o haber sido retenidas—, en su mayoría de El Salvador, Nicaragua y Honduras, personas que laboran en centros nocturnos”, agregó.

Sandra Janette Gularte Murga, defensora de personas víctimas de trata, de la Procuraduría de Derechos Humanos, aseguró que los lugares donde ocurren esos casos con más frecuencia son Huehuetenango, Guatemala, Alta Verapaz y “todos” los municipios fronterizos.

“El único departamento que no presenta mayores víctimas es Totonicapán”, declaró la defensora. Aseveró que las denuncias de explotación sexual incluyen entre las víctimas a niños y jóvenes con mayor frecuencia.

En cuanto a explotación laboral, Marvin Orellana, de la misma fiscalía, manifestó que en lo que va del año se ha rescatado a unas 75 personas, principalmente niños.

Citó que uno de los casos más recientes es el rescate de 60 niños en hoteles del mercado de La Terminal.

El 98 por ciento de niños que llegan a la capital proceden de Sololá, Quetzaltenango y áreas con extrema pobreza.

“Del total de los rescatados este año, 90 por ciento de niños y jóvenes lo hacen para ayudar con los ingresos del hogar y tienen la anuencia de los padres. Solo 10 por ciento de menores son obligados por los padres”, explicó Orellana.