Fallas técnicas en construcción de pozos de agua cuestan Q12 millones de los Codedes
Proyectos en Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa y Quetzaltenango evidencian deficiencias de planificación y problemas en la extracción de agua para uso domiciliar.
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Un cisterna abastece de agua a los vecinos de Moyuta, en Jutiapa. (Foto Prensa Libre: Municipalidad de Moyuta)
Algunos proyectos de inversión local quedan inconclusos por errores en los estudios previos o dificultades técnicas. Esto se refleja en la cancelación de obras por falta de los resultados esperados, según las supervisiones efectuadas por el Ejecutivo.
Informes de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) indican que, durante la ejecución de obras financiadas con fondos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), surgen obstáculos que impiden la finalización de ciertos proyectos.
A nivel nacional, al menos cinco obras de perforación o mejoramiento de pozos mecánicos no concluyeron porque no se encontró agua, hubo fallas técnicas o se presentó oposición comunitaria, de acuerdo con los reportes oficiales.
En las obras fallidas se invirtieron Q12 millones 327 mil. Las supervisiones se realizaron entre enero y mayo del presente año, aunque las obras pertenecen a distintos ejercicios fiscales.
Sin agua
El pozo excavado en San Jerónimo, Jalpatagua, en Jutiapa, no cumplió con los resultados esperados al momento de la supervisión. El aforo de agua fue “escaso y cesó el flujo”, según el informe oficial. De la obra, valorada en Q1 millón 520 mil, se pagó el 32 %, según los registros de Guatecompras.
En junio se aprobó el acta para rescindir el contrato. Según el auditor municipal, en el fondo del pozo había suelo lodoso, lo que imposibilita el bombeo adecuado del agua.
En el caserío Agua Buena, Esquipulas, Chiquimula, se analiza la cancelación del contrato por Q3 millones 200 mil. Tras perforar 800 pies, se extrajo agua, pero no se alcanzó el volumen esperado ni se logró la recuperación del pozo. La fianza fue ejecutada y la obra está suspendida.
En Génova, Quetzaltenango, se contrató la perforación de un pozo por Q2 millones 335 mil. Se excavaron los 700 pies contratados, sin obtener retorno de agua. Luego se ampliaron 300 pies más, también sin éxito. La obra fue suspendida y se ejecutó la fianza. Documentos de Guatecompras indican que el estudio de factibilidad cumplió con los requisitos, motivo por el cual el Consejo Municipal aprobó el proyecto.
Fallas técnicas
En la aldea El Cuje, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, se perforó otro pozo con un presupuesto de Q1 millón 386 mil, pero no presentó suficiente agua. Según la empresa contratista, en los primeros aforos el agua salía a altas temperaturas y dañaba la maquinaria; en el tercero, el nivel descendió hasta vaciarse y el pozo lanzó vapor. El contrato fue rescindido, aunque la alcaldía ya había pagado un anticipo de Q277 mil.
Oposición comunitaria
En El Palmar, una aldea en Quezaltepeque, Chiquimula, el pozo valorado en Q3 millones 886 mil fue cancelado debido a la oposición comunitaria, según la SCEP. El proyecto fue aprobado en 2023, pero tras reuniones entre el Codede, la alcaldía, la gobernación y representantes comunitarios, se optó por suspenderlo. El informe sugiere continuar con las negociaciones para reanudar el proyecto en el siguiente ejercicio fiscal. Hasta ahora, se han pagado Q1 millón 360 mil.
Blindaje contractual
Las municipalidades deben incluir cláusulas que protejan los intereses del Estado y obliguen a las empresas a perforar hasta hallar agua o a asumir el margen de error de los estudios hidrogeológicos, según César Elías, exsubcontralor de Calidad del Gasto.
“Existe un margen de error que debe contemplarse, pero los contratos deben establecer que la empresa se compromete a seguir perforando hasta encontrar la vena de agua”, explicó.
Elías también subrayó la importancia de la fiscalización ciudadana para garantizar que las obras respondan a necesidades reales y que las empresas contratadas no estén vinculadas con autoridades locales.
“Puede ocurrir que algunas municipalidades acuerden con empresas proyectos sabiendo que no se hallará agua, pero igual pagan un porcentaje. Es necesario investigar y verificar que las cláusulas contractuales protejan verdaderamente los fondos públicos”, advirtió.
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