Después de la reunión semanal del gabinete de Gobierno, Medinilla explicó que hasta el momento se han evaluado estudios de impacto ambiental de tres de las cinco industrias que operan en la zona y que ya fueron emitidas dos sanciones por irregularidades administrativas.
 
Abogó por establecer, de forma inmediata, una hoja de ruta para esclarecer las causas de una contaminación que afecta a más de 100 kilómetros del caudal, y por establecer medidas para que un “ecocidio”  de esta magnitud no se vuelva a repetir.
 
El funcionario indicó que las multas que puede imponer su cartera a los responsables de dicha contaminación oscilan entre los Q5 mil y los Q100 mil – entre 600 y 13 mil dólares, y que este es un buen momento para revisar las sanciones económicas.

El miércoles se convocó a diferentes expertos para que participen en una mesa interinstitucional en la que se diseñe “una hoja de ruta que permita solucionar el problema y crear un plan de prevención”.
La situación de este río ya ha perjudicado a unas 10 mil personas de 12 poblaciones.
La estatal Coordinadora Nacional Para la Reducción de Desastres  (Conred), que durante el fin de semana coordinó con los pobladores la recolección de unos 1 mil 500 kilos de peces muertos, viajó hoy hasta el lugar de los hechos para verificar la ayuda que se envió hasta el momento.
La Conred emitió el fin de semana alerta anaranjada, debido que ya son 14 las comunidades afectadas y ocho comunidades más se encuentran en riesgo, lo que afectaría a 3 mil 762 personas que habitan en dichas localidades.
La empresa Reforestadora de Palma de Petén S.A.  (Repsa) , acusada de la contaminación, rechazó el pasado viernes ser la responsable y dijo que el plaguicida encontrado en el río no lo utilizan en sus labores “por su alto nivel de toxicidad”.