Los motines registrados en dos cárceles de Guatemala, donde entre 30 y 40 guardias penitenciarios fueron retenidos por los reos, habrían sido coordinados desde el interior de los mismos centros, según informó Jorge Guillermo López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario (SP).

El funcionario aseguró que las autoridades no negociaron con los privados de libertad y que lograron liberar a los guardias mediante la presión de las fuerzas de seguridad.

López Dellachiessa explicó este jueves 5 de noviembre que las autoridades no descartan que los reclusos de Renovación 1 y El Boquerón utilizaran teléfonos celulares para organizar las acciones simultáneas y coordinarse entre ambos centros penitenciarios.

“No se descarta que las coordinaciones hayan salido de adentro de los mismos centros para provocar eso”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre cómo los reos de ambas cárceles pudieron ponerse de acuerdo para realizar los motines.

La hipótesis cobró relevancia después de las requisas efectuadas en los centros afectados, durante las cuales las autoridades localizaron cargadores y teléfonos celulares. El director del SP señaló que estos dispositivos pudieron servir para establecer comunicación entre las prisiones.

“No descartamos que a través de esos medios hayan podido hacer las coordinaciones de centro a centro para realizar eso”, agregó.

El funcionario también reconoció que los bloqueadores de señal instalados en las cárceles presentan limitaciones tecnológicas, pues funcionan hasta 3G, mientras que los teléfonos celulares localizados entre los reos utilizan redes 4G y 5G.

“Los bloqueadores quedaron desactualizados ante este nuevo software que tienen los teléfonos celulares”, explicó.

SP asegura que no negoció con los reos

Los motines comenzaron durante la noche del miércoles 4 de noviembre y afectaron los centros penitenciarios Renovación 1, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa. Durante los incidentes, entre 30 y 40 guardias penitenciarios fueron retenidos por los privados de libertad.

Según López Dellachiessa, la retención ocurrió entre las 20 y las 22.30 o 23 horas. El funcionario insistió en que el Estado no estableció ninguna negociación con los reclusos para conseguir la liberación de los custodios.

“No entramos a ninguna negociación. La orden fue clara, no negociar con criminales”, declaró.

Explicó que la liberación se consiguió mediante la presión ejercida por las fuerzas de seguridad, con participación de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ejército de Guatemala. Desde la noche del miércoles se instaló una mesa de coordinación en el Ministerio de Gobernación para atender la emergencia.

El director del SP aseguró que las fuerzas de seguridad retomaron el control de los dos centros penitenciarios y que los guardias fueron liberados sin agresiones. También afirmó que no hubo personas heridas, ni guardias ni privados de libertad, y que las instalaciones no sufrieron daños.

Investigan a responsables y revisan controles

La Inspectoría General y los órganos de control del Sistema Penitenciario investigan quiénes participaron en la retención de los guardias y cómo se desarrollaron los motines. López Dellachiessa indicó que las autoridades realizan requisas, conteos de reclusos y verificaciones de infraestructura para establecer las responsabilidades.

Añadió que, cuando se cuente con los informes correspondientes, presentarán las denuncias ante el Ministerio Público.

Entre las demandas de los reos, el director mencionó las condiciones en las que se encuentran en Renovación 1 y El Boquerón, la alimentación, los programas de rehabilitación social y las visitas. También reconoció que los privados de libertad hicieron referencia a beneficios que anteriormente tenían, como electrodomésticos y otras comodidades.

El funcionario sostuvo que el SP no ha cedido a esas exigencias y que las requisas focalizadas buscan retirar objetos ilícitos y recuperar el control de los centros.

Debido a la emergencia, el SP también solicitó a la Cámara Penal suspender durante este jueves los traslados de reclusos a tribunales y hospitales, con el argumento de no exponer al personal penitenciario ni a los privados de libertad mientras se atendían los incidentes.

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