Todos coinciden en que es necesario que se analice la funcionalidad de la institución y se busque un mecanismo para mejorar la atención a los afiliados.
Las discusiones comenzaron por el llamado que hizo la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso a unas 70 organizaciones y personas jurídicas para proponer cambios a la Ley.
La propuesta más fuerte es la posibilidad de permitir al contribuyente elegir atención médica en un hospital que no sea del Seguro Social, pero que su contribución laboral no incremente. El argumento es que el IGSS no tiene condiciones para atender a los afiliados.
Los diálogos son dirigidos por el diputado de Encuentro por Guatemala Luis Pedro Álvarez, quien dijo haber recibido unas tres mil denuncias de personas afectadas por los “malos servicios” del Seguro Social.
El legislador aseguró que el objetivo de los cambios es que el trabajador, al que le descuentan 4.83 por ciento de su sueldo mensual, sea empoderado.
“Por qué esperar que el IGSS construya un edificio o ponga una policlínica. Queremos que el usuario pueda ir donde quiera, con un tarifario establecido”, indicó el diputado, quien aclaró que no hablan de privatizar al Instituto. Aunque otra de las propuestas es la posibilidad de usar asociaciones privadas para el manejo de las pensiones.
Consenso
El Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) coincide con Álvarez. La postura de este gremio es que se debe devolver el poder al afiliado, pues el Seguro Social solo “devora los recursos”.
El congresista reconoció que con los cambios la institución podría ver una disminución de afiliados. “Hay personas con salario bajo. Estamos haciendo un estudio financiero para asegurar que vaya a mantener su servicio”, refirió.
Roberto Ardón, director ejecutivo del Cacif, opina que les parece correcto que el contribuyente pueda elegir el servicio. “La premisa general es cómo devolver el poder al cotizante para que la contribución sea efectiva”, afirmó.
El Cacif, como sector privado, forma parte de la directiva del IGSS. Según Ardón, la manera como está diseñada la institución no permite brindar buena atención. El empresario estima que lo ideal es conocer modelos de otros países.
Reconoce fallas
El presidente de la junta directiva del IGSS, Carlos Contreras, planteó su postura a la Comisión y defendió que no hay comparación con los servicios privados. “En el privado puede cotizar hasta el costo que pueda pagar, pero si tiene sueldo de Q2 mil no va a tener una prima que le garantice toda la cobertura y además las pensiones, como lo hace el IGSS”, señaló.
Contreras reconoció que hay necesidad de infraestructura y médicos especialistas, y la excusa son las deudas que le tienen los patronos a la institución.
Los últimos registros del IGSS revelan una deuda de Q33 mil 419 millones, de los cuales, Q29 mil 935 son del Estado y Q2 mil 956 de este, como patrono de los trabajadores públicos. Además ,el sector privado debe Q771 millones; las municipalidades, Q547 millones, y entidades descentralizadas, Q208 millones. “Si vamos a servicios contratados, que son más caros, hay que conseguir la prima. No existe infraestructura hospitalaria y de salud para que se traslade a lo privado”, remarcó.
Contradicciones
El IGSS es del Estado, según la ley; sin embargo, el financiamiento para prestar la atención proviene de inversiones y el sector privado, pues solo un 25 por ciento de afiliados son trabajadores estatales. Además, la institución ya contrata servicios privados para los beneficiarios. “No hay necesidad de cambiar”, dijo Contreras.
El diputado considera que el IGSS es arbitrario al decidir los contratos privados.“De monopolio estatal se convierte en privado, y eso no está bien. Queremos que sea monopolio, pero que el trabajador elija”, reiteró.
Para el directivo del Cacif, la seguridad social es un concepto público que no puede caer en la privatización. “No significa que a partir de eso el ente rector de la seguridad social del país pueda buscar modelos para ser más eficiente. Eso involucra decisiones privadas, pero no se puede hablar de un intento de privatización”, insistió.
Conflicto ideológico
Édgar Balsells Conde, segundo vicepresidente del IGSS, opina que las propuestas son ideológicas y no de fondo a necesidades de la entidad. “El tema preocupante es que el sistema financiero en general está débil para regular, y eso se muestra cuando se ve lo que hizo Jonathan Chévez —implicado en casos de corrupción como TCQ— y Édgar Morales, alias Chico Dólar —caso Lavado y Política—, que no ha sido aclarado”, expresó.
Balsells Conde indicó que primero se requiere un estudio fiscal, para determinar hacia dónde deben ir, pues los costos de reformar son altos. En cuanto a las pensiones, lo que se podría hacer es complementar, no desmantelar el sistema social, añadió.
Piden cambios
La Cámara de Industria planteó sus preocupaciones y propuestas a la Comisión. Javier Zepeda, director ejecutivo, expuso que están conscientes de la necesidad urgente de reformas, pues la cobertura es poca y la calidad, baja.
“Lo que pensamos es ampliar la cobertura y generar competencia para que mejore la calidad que ofrecen”, indicó el directivo. Añadió que el Seguro Social ha sido deficiente a lo largo de muchos años, “sobre todo en los últimos”.
Zepeda criticó la mala calidad del IGSS, que es la razón por la que muchos eligen seguros privados.
Subir ingresos
Los representantes de los 28 sindicatos aglutinados en la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala (Festeg) expusieron que se necesita crear un ente que regule el régimen de los afiliados, similar a una intendencia o instituto de verificación.
David Soto Oliva explicó que si no se logran recursos suficientes para el Seguro Social, una alternativa debería ser crear un impuesto único que se dirija a las bebidas alcohólicas o cigarrillos. Además piden la supervisión y administración de las pensiones y modificar los mínimos.
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Enmienda no es ideal
Es usual que cuando hay crisis, en lugar de soluciones, lo que hay es interés privado, indicó Luis Linares, especialista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes). El analista afirmó que es posible que haya justificación porque los afiliados no son atendidos por el Estado y se abre la competencia a lo privado.
Aseguró que no se puede hacer una reforma a la Ley y que el afiliado decida qué servicio privado quiere. En todo caso es necesaria una reforma a la Constitución, afirmó. El experto cree que el sector privado tiene limitaciones, mientras que el IGSS es ilimitado, pues dispone de los recursos de los afiliados.
“Hay grandes impedimentos y no es comparable. El desmonopolizar trae como consecuencia que los trabajadores de más altos ingresos salgan del IGSS y se quedarían con los que aportan menos. En mediano plazo colapsaría ante trabajadores con contribuciones insuficientes”, estima Linares.
Asíes ya presentó sus propuestas a la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, en las que argumenta que los problemas son de gestión y corrupción que ha existido en las adquisiciones. Linares considera que la actual norma es visionaria y permite al IGSS implementar programas.
Una sugerencia es facilitar la integración de microempresarios y trabajadores por cuenta propia. “La ley tiene aspectos que mejorar. Tenemos buena norma, pero lo que se necesita es auditoría o control para que mejore”, puntualizó.
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No pueden hacerlo
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, considera que es el momento de discutir cuál es el modelo de seguridad social que se necesita. Además, propone como prioridades sacar la corrupción que ha rodeado al Seguro Social y que ha contaminado la compra de medicamentos y las administraciones.
Además, comenzar con un análisis y propuesta seria de a dónde debe ir el IGSS, así como negociar la deuda que mantiene el Estado.
“Hay que ser cuidadoso y coincido que no se puede privatizar, porque es un derecho y obligación que tiene el Estado. Con lo que se paga de Seguro Social los afiliados podrían pagar un seguro privado, y no quiero que se malinterprete que quiero que se privatice. Quizá tenemos mejor certeza que van a ser atendidos en un centro privado que el IGSS”, reveló el magistrado de conciencia.
De León enfatizó que es urgente encontrar un modelo eficiente. “No podemos decir sigamos con el Seguro, pero mientras tanto la gente se está muriendo, literalmente. Es nuestra responsabilidad y aplaudo los esfuerzos del diputado y sector privado”, remarcó.
El procurador recordó que el IGSS y el Ministerio de Salud delegan a privados atenciones especializadas que no pueden dar.
“Hay que distinguir claramente una cosa de la otra, y si encontramos el modelo con la cooperación de entes privados, y eso significa mejor atención y salvar vidas, debemos encontrarlo”, comentó.
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Servicio es privado
Para Karin Slowing, investigadora social, la salud de Guatemala está privatizada desde hace 20 años, pues el gasto fundamental lo pagan las familias cada vez que compran medicina en las farmacias o pagan a un médico.
Además, no ha habido un aumento de presupuesto acorde a las necesidades y crecimiento de la población y las enfermedades.
“Lo que viene ahorita es una etapa de profundización de la privatización que no funcionó porque la gente es muy pobre para pagar servicios privados. Lo que van a hacer es quedarse con el financiamiento completo, que paguen su pensión a un lugar privado y que paguen sus servicios en hospitales privados. Vamos a una situación de más precariedad y desigualdad al acceso, sin garantizar calidad”, explicó la experta.
La investigadora cree que la intención es privatizar el IGSS, pero lo hacen con el nombre de reformas. “Ya se vio qué pasó con las privatizaciones de Álvaro Arzú. Lo que se ve hoy en salud es un desastre. El IGSS ha estado subcontratando servicios médicos curativos y terapias. Ya tienen al sector privado con ellos”, indicó.
Las reformas al sector salud que trabaja el Ejecutivo son otras que no convencen, según Slowing. Se trata de una redistribución de funciones entre el Ministerio de Salud y el IGSS. “Lo que se debe ver es qué clase de Estado se quiere. Además, el derecho a la salud es obligatorio y no pueden eludir”, enfatizó la investigadora.
