Activistas consideran que el resarcimiento se deja en segundo plano, para no reconocer la responsabilidad del Estado en el conflicto armado interno, pues desde que el programa fue creado, en el 2003, nunca se le asignó el dinero establecido en el acuerdo gubernativo 258-2003, que le dio vida.

Algunos atribuyen la decadencia del programa al Ejército y otros afirman que este año la situación se agravó por la falta de compromiso y voluntad política de la secretaria de la Paz, Victorina Salanic.

Poca importancia

Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, opina que los problemas en el PNR comenzaron durante la administración de Otto Pérez Molina, quien fue comandante del Ejército, destacado en Nebaj, Quiché, durante la guerra interna.

“Se intenta pasar a un segundo o tercer plano el tema porque reconocer a las víctimas es reconocerla responsabilidad del Estado”, dijo Rodenas.

Bayron Paredes, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que existe poca voluntad para atender a las víctimas del conflicto armado, pero esto no es nuevo, la PDH recibió denuncias en el 2006, el 2010 y el 2011 sobre recortes en el presupuesto del programa.

Según Paredes, la responsabilidad de que este año el PNR solo tenga Q25 millones es de la administración anterior, pero, “aunque se pueden tomar medidas, no hay voluntad, ni política ni administrativa” de la Sepaz.

Preocupa

La organización Impunity Watch afirma que los familiares de las víctimas y los sobrevivientes del conflicto armado interno viven en condiciones de pobreza y marginación y que el Estado tiene compromisos nacionales e internacionales para garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación.

Además, el relator para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Enrique Gil Botero, dijo que la entidad considera “sumamente preocupantes los profundos desafíos que enfrenta el PNR”.

La CIDH insta al Estado guatemalteco “a adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de dicho programa, y para asegurar que se implementen efectivamente las medidas que garanticen una reparación integral, que además posea pertinencia cultural y de género a las víctimas”.

Según Gil Botero, la CIDH destaca que el objetivo del PNR es la reparación integral de las víctimas, por lo que es fundamental que, tanto la base legal en la que se sustenta como la forma en que se ejecuta estén dirigidos a protegerlas.

Sin experiencia

Salanic asumió la conducción de Sepaz el pasado 31 de marzo, por un atraso en la licencia temporal que le extendió el Congreso, donde trabaja como auxiliar administrativa.

El permiso se le otorgó por dos meses, sin goce de sueldo, y el jueves recién pasado se comenzó con el proceso formal de destitución, por abandono de labores.

Jorge Herrera, expresidente de la Comisión Nacional de Resarcimiento, afirmó que la falta de decisión y criterio de Salanic es lo que tiene a la institución en crisis, pues se le presentó una “ruta de sobrevivencia institucional” y nunca la revisó.

Respecto de los señalamientos, Salanic envió a Prensa Libre información sobre un plan para rescatar el programa, que incluye la contratación de 43 trabajadores y gestionar más recursos económicos para el 2017.