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Rezago de Guatemala con la región es de hasta 90 años

Si la reducción promedio de la desnutrición crónica de los últimos 50 años continúa, al país le tomará al menos 90 años alcanzar la tasa que actualmente tiene El Salvador y 63 para la que maneja Honduras.

El estudio recomienda, entre otras cosas, una política de salarios mínimos y de mitigación de y adaptación del cambio climático para recuperar recursos naturales.

El estudio recomienda, entre otras cosas, una política de salarios mínimos y de mitigación de y adaptación del cambio climático para recuperar recursos naturales.

Esta es una de las conclusiones del informe Revisión Estratégica de la Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala, con énfasis en la desnutrición crónica y sus determinantes, realizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y que tuvo el apoyo técnico y fue financiado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas.

El estudio detalla que en 1965 —según la Encuesta Regional  del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá de ese año— la tasa de desnutrición crónica en menores de 5 años en el país era de 63.5 por ciento, y el último dato es el del 2015 —según la Sexta Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil— cuando se registró que la cifra era del 46.5 por ciento de los menores que sufrían de desnutrición crónica.

Eso significa que en 50 años el país ha logrado disminuir únicamente  17 puntos, o lo que equivale a decir 0.37 puntos anuales. Al tomar en cuenta esos datos y si la tendencia continúa, a Guatemala le tomará poco más de 125 años para acabar con la desnutrición crónica.

“Los estudios que abordan las manifestaciones y los efectos de la desnutrición en las personas y en la sociedades demuestran que la desnutrición aguda se expresa en forma similar a una condena de muerte, en tanto que la desnutrición crónica es el equivalente a una cadena perpetua”, señala el informe.

Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Asíes, explicó las conclusiones del informe sobre las condiciones de seguridad alimentaria en lo que respecta al contexto social.

“En la última década se ha registrado un aumento de la pobreza, que es un producto de la elevada desigualdad que existe y de un crecimiento económico errático, insuficiente y estructuralmente heterogéneo”, citó el experto, quien agregó que la desigualdad está determinada por la persistente concentración del ingreso y la generalizada precariedad laboral, que afecta principalmente a las mujeres, indígenas y habitantes rurales.

En tanto que el crecimiento de esa desigualdad es afectado por factores como el bajo nivel de inversión pública y privada, el reducido tamaño del mercado interno, las deficiencias en infraestructura y la inseguridad, tanto jurídica como pública.

Otro de los aspectos destacados por Hurtado que influyen en la problemática de la seguridad alimentaria es la debilidad de la institucionalidad pública, tanto en términos de eficiencia y eficacia. También la insuficiencia de los recursos disponibles derivados de una baja carga tributaria que, además, es regresiva.

Añadió: “Otra problemática heredada desde antes de la transición a la democracia, que se enquistó en varios sectores de la administración pública, es la corrupción, favorecida por la falta de transparencia y una inadecuada asignación de los recursos públicos”.

Recomendaciones

Entre las conclusiones del informe resalta la que menciona que es necesario “adoptar una política de aumentos graduales, moderados y sostenidos del salario mínimo, así como fortalecer la capacidad institucional de garantizar el cumplimiento de su pago, particularmente en el sector agropecuario y las áreas rurales, a fin de conseguir que los asalariados mejoren su capacidad adquisitiva para obtener alimentos en cantidad y calidad, y así elevar sus niveles de consumo”.

Otra sugerencia es que deben implementarse políticas públicas vinculadas con la mitigación y adaptación al cambio climático, para recuperar recursos naturales como bosques y agua.

Opiniones

Eduardo Stein, asesor de proyecto de Asíes, aseguró que en la actualidad Guatemala tiene  abundancia de políticas públicas para combatir la desnutrición y que, aunque se trata de combatirlo, este se puede catalogar como  problema cultural. Señaló que  hay  falta de información veraz que hace necesario generar cambios de calidad que pasen más por decisiones políticas.

Miguel Barreto, director regional del PMA, destacó que es algo sabido que los problemas de la inseguridad alimentaria, como la desnutrición crónica, limitan las posibilidades de las personas y el desarrollo del país. Señaló que el informe demuestra cómo Guatemala tiene desafíos que se deben corregir con las políticas públicas. El PMA seguirá apoyando al país, puntualizó.

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