En el Congreso están archivadas iniciativas desde hace más 10 años. Los diputados señalan a las comunas de rechazar la regulación y estas se amparan en el Código Municipal.
Las consecuencias de la inexistencia de una normativa se ven reflejadas en que el mayor consumo de agua lo representa el sector agrícola, con dos mil 200 millones de metros cúbicos anuales, para riesgo. La producción de energía emplea dos mil 283 millones de metros cúbicos y la industria, 425 millones, según registros del Portal de Recursos Hídricos de Guatemala.
Los datos muestran que un promedio de 84 mil 991 millones de metros cúbicos de agua están disponibles en el país, de los cuales 29 mil 747 millones representan la demanda neta en todo el territorio. Sin embargo, 33 mil 996 millones son aguas contaminadas por descargas.
El impacto de la falta de regulación no solo se refleja en el sector económico, que dispone sin restricciones del agua, sino también en el área doméstica, donde el uso es de unos 284 millones de metros cúbicos anuales.
Según el mismo portal, para el 2025 el uso de agua aumentará hasta en un 4 por ciento.
Contaminación en río La Pasión donde se produjo una masiva muerte de peces. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Se oponen a control
El presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, Boris España, dice que la oposición para la aprobación de la normativa proviene de los alcaldes.
España ve impedimento en la autonomía municipal y estima que la iniciativa vigente podría causar problemas de territorialidad porque legislarían las aguas subterráneas, ríos, quebradas y propiedad privada.
“No se puede ver una iniciativa de alguien que no administra el agua. Quienes lo hacen son las municipalidades”, afirma.
Gerson López, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), asegura que se amparan en el Código Municipal, que da competencia para abastecer de agua a las comunidades. “La ley que está en manos del Congreso debe ser objeto de un análisis. Fue presentada hace años y las condiciones no son las mismas”, destaca.
“Otro problema es la tenencia de la tierra en comunidades y propiedad privada, porque cada quien tiene un pozo y usa el agua como quiere”, señala el diputado.
López indica que están en la disposición de escuchar, conocer y discutir cualquier proyecto.
Joaquín Ordóñez, presidente de la junta directiva de la Asociación del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, señala que se oponen rotundamente a la aprobación o de cualquier normativa que regule el agua y que un bien común se monopolice. “Las mismas comunidades velan por los recursos”, asevera.
Ordóñez indica que no existe certeza y que las propuestas de ley son subjetivas, y al aplicarlas tendrían efectos negativos.
Aldea Champerico de Sayaxche, Peten. pobladores expresaron la falta de agua potable y la prohibido pescar y no tienen una fecha específica para poder hacerlo de nuevo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
En el olvido
El diputado Jorge Mario Ríos entregó en el 2003 la iniciativa 2865, ley general de aguas, que establece la creación de la superintendencia del agua y el consejo nacional del agua, adscrito al Ministerio de Ambiente.
En el 2005, el también diputado Alfredo Cojtí presentó otro anteproyecto, pero también quedó en el olvido.
Según Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social, la no aprobación de un ley general de aguas responde a intereses económicos. “La limitación la ponen las industrias”, advierte.
Melini cree que se necesita voluntad política. “Hay una anarquía absoluta. Cualquiera hace un pozo o contamina el agua”, advierte.
La contaminación industrial se da principalmente en ríos como Villalobos, María Linda, Samalá y Motagua. Se calcula que el 80% del agua de consumo doméstico regresa contaminada a los ríos y cuerpos receptores, lo que implica un volumen de seis metros cúbicos por segundo de ese recurso contaminado.
Solo el área metropolitana genera anualmente 140 millones de metros cúbicos de aguas residuales.
Óscar Núñez, director ejecutivo de Defensores por la Naturaleza, opina que la mala información sobre los verdaderos fines de la ley no permite su aprobación. “Es culpa de todos. La ley no es responsabilidad de las comunas. Nadie controla el riego, las hidroeléctricas y las industrias”, recuerda.
“Los sistemas de riego son los mayores consumidores de agua”, agrega.
Núñez recalca que Guatemala es rica en agua y que la exporta a través de ríos, pero no hay forma de normar su uso o sancionar la contaminación.
Contaminación en el Lago de Amatitlán. Hubo un intento de decontaminarlo con un líquido comprado por las Autoridades Para el Manejo de la Cuenca del Lago, pero fue suspendido. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
