El plan de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) pareciera estar más estructurado y mejor fundamentado que hace ocho años, cuando Álvaro Colom llegó a la presidencia.
Aunque varios de los ejes e indicadores se mencionaron en el entonces Plan de la Esperanza, el Plan de Gobierno del Rescate Nacional de Sandra Torres incluye acciones más puntuales, y según el equipo de trabajo –que incluye a personas que ya hicieron gobierno, como Carlos Menocal- tomaron en cuenta el financiamiento de lo propuesto.
“Según diferentes estudios realizados y por percepción ciudadana, se sabe que el Estado guatemalteco no ha sido capaz de cumplir con las responsabilidades que la Constitución Política de la República le manda. Asimismo, es de conocimiento general que los Derechos Humanos son constantemente negados y violados, como consecuencia de tener un estado concentrador y excluyente. Es un Estado en obsolescencia y que de urgencia necesita una revisión y reestructuración”, se leía en el plan de la Esperanza, del entonces candidato a la presidencia Alvaro Colom por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Siete años más tarde, el plan de gobierno del rescate nacional de esa agrupación política, que apuntala a Sandra Torres, exesposa de Colom, como presidenciable, destaca: “la inseguridad es uno de los principales problemas que preocupa a los ciudadanos, luego de la economía familiar y la falta de empleo”.
Reforzado con datos de la Policía Nacional Civil, el eventual gobierno de la UNE busca reducir la tasa de homicidios que en los últimos cuatro año superan las 21 mil víctimas. De 48 homicidios por cada cien mil habitantes en la actualidad se estima que ocurren 32. Destaca el documento que en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Petén, Chiquimula, Izabal, Jutiapa, Santa Rosa y Suchitepéquez afecta en mayor proporción la violencia homicida.
A esos crímenes se suma el delito de calle, los robos en el sistema público de transporte, las extorsiones y otros delitos relacionados. Señala el programa que la falta de control en el Sistema Penitenciario contribuye a que los estructuras coordinen crímenes como asesinatos, secuestros, trasiego de drogas, entre otros.
Para cumplir con su propuesta, la UNE contempla varios ejes en su componente de seguridad: combate a la inequidad, Derechos Humanos, Inteligencia, Investigación, judicialización, prevención, empoderamiento ciudadano, poder local, control penitenciario, migración, fortalecimiento institucional, policías privadas de seguridad y transparencia y calidad de gasto. De estos temas, la mitad los contemplaba el plan de trabajo de Colom.
Hace casi ocho años, la UNE planeaba fortalecer las instituciones de seguridad, recabar información confiable de acciones delictivas y sus actores –inteligencia-, procurar la observancia y cumplimiento de los convenios en materia de Derechos Humanos, garantizar el cumplimiento de la ley –debido proceso- , promover una política de combate real a la corrupción, implementar acciones para reformar el Sistema Penitenciario con programas de readaptación y reeducación de reos, fortalecer el programa de la Policía de Turismo, garantizar el respeto de la vida –reducir tasa de homicidios-, garantizar el papel del ejército, reconversión del ministerio de Gobernación, implementar proceso de elección popular de los jefes policiales, coordinar con la cartera de Educación, de trabajo y el Intecap el ofrecimiento de oportunidades de desarrollo para jóvenes, implementar programas de organización social que permitan obtener información confiable de acciones delictivas, actores, prevención y eliminación del delito –empoderamiento ciudadano-, y conformar un sistema de seguridad comunitario.
Carlos Menocal, experto en Seguridad y ministro de Gobernación del anterior gobierno de la UNE, señala que hay que reconocer algunos logros que se deben mantener como los Barrios Seguros. Refiere como ejemplo la zona 18, una de las áreas más rojas de la ciudad, en donde los índices criminales descendieron 40 por ciento con el ingreso del Transurbano y la implementación de cámaras de vigilancia. Dice que el estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y de bajar la delincuencia y criminalidad porque al bajar esos indicadores, el ciudadano camina más tranquilo, se siente más seguro en espacios públicos y en las calles.
Control en prisiones
Menocal expone que desde las cárceles continúa la coordinación de ilícitos como la extorsión, secuestros y asesinatos. Por lo que es necesaria una reestructuración del Sistema Penitenciario. “A la luz de los ingresos no se puede aplicar, se paga más por alimentar a los reos que a los niños en las escuelas. Hay que separar a los reos del perfil de Byron lima, Rigorrico, el Marino, entre otros. Hay que quitar los privilegios. El estado no tiene fondos para invertir en cárceles, hay acercamientos con empresarios internacionales y se puede concesionar. En el gobierno de la UNE dejamos la posibilidad de US$1 millón para cárceles pero no se ejecutó en cuatro años. El sistema está colapsado”, detalló en un desayuno de trabajo la mañana de este lunes, con Prensa Libre.
Las escuchas son una herramienta y quien dirige la investigación es el Ministerio Público, que ahora se priorizan extorsiones y asesinatos, dice Menocal. “En las cárceles hay que apretar a las empresas telefónicas porque se oponen a los bloqueos –de señal- porque afectan a miles de usuarios cercanos a las cárceles. El registro de terminales no funciona”. Sandra Torres agrega en este tema que por eso es importante las alianzas público privadas, pues se pueden concesionar las cárceles y su funcionamiento.
Otro tema que está en el tintero es el de las policías privadas. La UNE plantea un ordenamiento legal para 130 mil hombres armados que no tienen certificado ni capacitación. “Hay que entrar a pelear fuerte en el congreso porque la ley de armas y municiones tienen padrinos, a quienes no les interesa que camine la reforma porque tienen intereses en empresas de armamento”, manifestó Menocal.
Apoyo a la Cicig
En materia del trabajo y coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el experto indica que ese organismo comenzó con el gobierno de la UNE. “Cicig puede trasladar capacidades de investigación y fiscalización; vino a trabajar con métodos especiales de investigación como las escuchas telefónicas con los policías. Creemos que hay que invertir más en la herramienta y descentralizarla. Tiene que haber asignación especial para los métodos especiales de investigación en el presupuesto, la figura de colaborador debería extenderse a la región centroamericana, las herramientas forenses tecnológicas del Inacif deben ampliar su cobertura”, expuso.
La entidad ha trasladado experiencia de países como México, Canadá, Brasil y Colombia en temas lavado de dinero, escuchas telefónicas, procesamiento de datos, corrupción. “Cicig no solo debe trasladar experiencia sino fortalecer la institucionalidad del país. Se ha bajado la tasa de homicidios”.
Torres insiste en que las pandillas es el delito callejero y que hay que trabajar en prevención porque un joven que no trabaja ni estudia, delinque. “Hay que capacitarlos. Tenemos 130 mil jóvenes que se gradúan todos los años pero solo se ocupan 25 mil”, enfatizó.
La UNE prevé en el presupuesto Q200 millones más cada año para Gobernación, pero no alcanza para lo propuesto. Se plantea el incremento a la luz de los ingresos, de lo que en realidad se puede tener, refieren. Con ese dinero esperan tener cinco mil policías más y seis mil investigadores adicionales; cuando concluya su potencial gobierno.
