Desmantelar la mafia de Portillo será difícil

Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sostiene que “llevará años desmantelar” la estructura clandestina a la que pertenece el ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004), ya que “está muy arraigada en las instituciones”.

En una entrevista con la agencia ACAN-EFE, Castresana hizo un análisis de los grupos paralelos a los cuales busca desarticular.

“Sería muy optimista decir siquiera que (la estructura de Portillo) está en jaque, y mucho menos en jaque mate. Es una estructura poderosísima; lleva allí 30 años”, aseguró.

“A mí me satisfaría pensar que para septiembre del 2011, cuando concluya nuestro mandato, hayamos sentado las bases para que la Fiscalía pueda continuar la tarea y culminar. Pero, siendo optimista, yo no creo que eso lleve menos de una década”, analizó el comisionado.

Portillo, precisó, es procesado por haber malversado fondos del Estado para financiar una estructura clandestina, y no por los actos de corrupción cometidos en su gobierno.

No es el dinero

“No perseguimos a Portillo por malversar fondos del Ministerio de la Defensa, lo perseguimos porque con esos fondos financió a la Cofradía”, aseguró.

Explicó que el mandato de la Cicig es “desmantelar estructuras clandestinas, y lamentablemente para Portillo, él financió una de esas estructuras”.

El ex mandatario fue capturado en febrero recién pasado, por petición de la justicia de EE. UU., que lo acusa de haber utilizado el sistema financiero de ese país para lavar unos US$70 millones que fueron saqueados del erario.

También tiene un proceso abierto ante la justicia guatemalteca, por los delitos de peculado —malversación de fondos— del Ministerio de la Defensa.

El proceso penal contra Portillo, agregó: “Es un mensaje optimista” que indica que “se están produciendo cambios sustanciales, de fondo”, y los están haciendo los guatemaltecos.

Responsabilidad

Los jueces y fiscales, señaló Castresana, “están empezando a asumir su responsabilidad histórica de devolver a sus ciudadanos el estado de Derecho, y lo están haciendo ellos”.

La Cicig, enfatizó, no tiene el mandato de investigar los casos de corrupción, pero sí”a las redes de corrupción que actúan con ocasión del funcionamiento de los aparatos clandestinos de seguridad” y que generan impunidad para beneficiarse.

“Muchas personas —añadió— me dicen que por qué no investigo a los gobiernos de (Óscar) Berger (2004-2008), (Álvaro) Arzú (1996-2000), o si el actual presidente (Álvaro Colom) o la primera dama (Sandra Torres) tienen corrupción, pero eso no forma parte de nuestro mandato” .

Quienes preguntan esto, honestamente, “solo pueden obtener una respuesta: tengan paciencia, ustedes lo irán viendo. Esperen, ya lo verán”, dijo Castresana, al precisar que los recursos de la Cicig son limitados y no se puede “hacer la guerra a todo el mundo al mismo tiempo”.

“Nosotros estamos haciendo el trabajo; tenemos 16 meses aún, pero dejen que los gastemos, dejen que hagamos nuestra agenda; no nos la impongan”, pidió el comisionado, al afirmar que si para la conclusión del mandato de la Cicig no han cumplido su cometido y trabajo “con algún grupo relevante”, será entonces cuando les deben hacer “reproches” .

“No podemos hacer todo al mismo tiempo, y no podemos hacer las cosas en el orden que nosotros quisiéramos”, explicó.

La Cicig es una instancia de la Organización de las Naciones Unidas que desde septiembre del 2007 colabora con las autoridades guatemaltecas para desmantelar las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.