Los magistrados de la CSJ conocieron y resolvieron durante la sesión extraordinaria del pleno de este jueves el amparo 169-2023, “postulado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos por medio de su secretario general, Cirilo Pérez, contra el TSE”, señaló Rudy Esquivel, vocero del Organismo Judicial (OJ).
“Por mayoría, con un voto disidente de la magistrada vocal cuarta de la CSJ se deniega el amparo de forma definitiva”, agregó.
Los magistrados conocieron el amparo tres días después de que el MLP publicara un comunicado en el que señala “acciones dilatorias” por parte de la CSJ.
“Rechazamos el retraso de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia para la inscripción de nuestro binomio presidencial, estas medidas dilatorias dañan la credibilidad del proceso y las instituciones”, dice el comunicado del MLP.
Agrega que “la no inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas por el registro de ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, fue arbitraria e ilegal, lo cual supone estuvo dirigida desde los sectores de poder que no quieren democratizar el país”.
Jordán Rodas se pronunció en sus redes sociales y señaló que “ante el rechazo de la CSJ del recurso que buscaba nuestra inscripción, se apelará y estará en manos de la CC la última posibilidad de que se respete y garantice el ejercicio de los derechos del pueblo a elegir libremente, y el nuestro a ser electos”.
El pasado 15 de febrero, la CSJ también denegó de manera provisional el amparo planteado por el MLP luego de que el Registro de Ciudadanos (RC) del TSE declaró no procedente la solicitud de inscripción de Cabrera y Rodas Andrade. La razón, según el RC, es porque a Rodas, exprocurador de los Derechos Humanos, le aparecen dos reparos en la Contraloría General de Cuentas.
A principios de febrero, el MLP envió una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que manifiestan su preocupación por lo que consideran una violación a los derechos humanos de su binomio presidencial.
En la carta, Cabrera y Rodas le solicitan a la CIDH que “con fundamento en las competencias que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) solicite de manera urgente al Estado de Guatemala información sobre la negativa de la Dirección General del Registro de Ciudadanos de inscribir nuestra candidatura como candidatos presidencial y vicepresidencial, respectivamente, (…), la cual consideramos una represalia a las denuncias de violaciones de derechos humanos y corrupción en las estructuras de gobierno que hemos promovido durante los últimos años”.
En las elecciones generales del 25 de junio, los guatemaltecos tienen que elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2024-2028.
