Uno de los primeros pasos para tener un Estado digital es superar la barrera cultural relacionada con la forma de gestionar trámites.

Esta es una de las conclusiones de Ana Isabel Antillón, líder de la mesa de Certeza Jurídica de Guatemala No Se Detiene, al contrastar los resultados del estudio de DataLab (febrero del 2026) sobre la percepción de la burocracia en Guatemala por parte de los usuarios digitales.

“Muchos trámites que ya eran bastante complejos en papel se trasladaron, esa misma serie de pasos, a digital, en lugar de hacer un proceso de simplificación previa. Entonces, se está percibiendo que eso sigue pasando en muchas de las instituciones”, indicó.

Este es un extracto de la conversación que la experta tuvo con Prensa Libre.

A la luz de estas percepciones, ¿cuáles son los primeros desafíos que tiene el Estado en Agenda Digital?

Primero, la implementación de la Ley de Simplificación de Trámites, que lleva aparejado un reglamento, y la coordinación entre los diferentes ministerios. Esa estandarización de los procesos, hasta en la forma visual en cada uno de los ministerios, no se produce en las instituciones de la administración pública. Entonces, al final, como no es uniforme, el ciudadano no termina de encontrar o hacerse más amigables esas páginas, que no digamos los temas de interoperabilidad, que son compartir información.

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Eso está muy vinculado también a que hay mucha resistencia a utilizar los servicios en la nube. Esto facilitaría muchísimo el almacenamiento de la información y permitiría tratar de forma más estandarizada todos estos aspectos.

Y el otro punto es cómo pagamos esos servicios. En la medida en que podamos hacerlo con tarjeta de débito o crédito, también debe haber una opción para pagar de forma presencial. Estas instituciones son, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores con la famosa apostilla o los trámites de finiquitos en la Contraloría y otras entidades.

Entonces, los elementos clave serían: estandarización, intercambio de información, uso de la nube y pagos digitales.

¿Por qué el usuario asocia la falta de digitalización con corrupción?

Por prácticas del pasado. Cuando los documentos han estado en papel, lo que sucede es que el atraso de trámites a veces se prestó para esto. Probablemente podría mantenerse en este nuevo esquema digital. Es que se presta para que las personas tengan que llegar a hablar con el funcionario público y entonces se solicite u ofrezca algún tipo de beneficio; por eso es que se asocia a la corrupción. En la medida en que se atrasa más, hay una mayor posibilidad de que se generalicen o se produzcan prácticas de corrupción.

¿Esa desconfianza apunta a que, además de un tema tecnológico, hay un reto cultural y educativo?

Por supuesto. Cuando las propias autoridades de los registros dicen que no tienen facultades legales, eso refleja una falta de cultura digital. Entonces, si esas son las autoridades, ¿qué podemos esperar también de la población?

Aunque estas personas tengan banca electrónica, el Estado genera desconfianza. Pero si realmente usted solo les pide el número —porque ya puede vincularlo con el Renap— sería muchísimo más ágil. Y, aunado a esto, hay un punto importante: como hay tanto phishing, robo de información, robo de identidad y malas experiencias incluso con el sistema bancario, creo que uno de los factores esenciales es que necesitamos tener dos leyes fundamentales del Congreso. Una es la Ley de Ciberseguridad y la otra, la de Ciberdelitos, que son cosas distintas.

¿Es viable la interoperabilidad entre instituciones?

Sí, es viable, por medio de APIs —interfaces de programación de aplicaciones, por sus siglas en inglés—. Aunque tengan sistemas diferentes, pueden usar un estándar, como se ha promovido en el pasado. Es más un asunto de voluntad política y de estrategias de seguridad que deben implementarse. La digitalización, claro, no es barata, pero a largo plazo tendrá beneficios.

¿Y es viable políticamente interconectarlas?

Sí, es viable. Veamos algunos ejemplos. La SAT intercambia información con muchas instituciones, no solo del sector público, sino también del privado. El Renap ya cuenta con metodologías propias para el intercambio de información. Entonces, si ellos pueden compartir datos con diferentes entidades, las demás también lo pueden hacer.
¿Cuál sería una manera eficaz de visualizar avances en la transformación digital del Estado?

Parte del problema es que sería interesante visualizar un calendario con hitos que se vayan implementando en las distintas instituciones para alcanzar ese grado de madurez. Es un nivel de digitalización que no tenemos claro y al que no podemos darle seguimiento mediante un tablero que muestre cómo está funcionando.

¿Se podrá tener una autoridad responsable de la digitalización del Estado en Guatemala?

La transformación digital es más mental que digital. Es necesario que haya respaldo político y una autoridad que ayude a hacer toda esta sistematización.

Existen dos modelos que se podrían seguir: uno es el de una autoridad independiente que dé seguimiento a las instituciones del Ejecutivo y también a las entidades autónomas o descentralizadas. No es que se subordinen a esta, sino que puedan coordinarse con una instancia que ejerza ese liderazgo.

Puede existir una entidad autónoma, pero también, si hubiera voluntad política, esta podría descansar en el Ministerio de Finanzas Públicas. A través de un viceministerio se podría facilitar la transformación digital.

¿Por qué en el Ministerio de Finanzas Públicas? Porque ya es una entidad aprobada en cuanto a sistemas como el SICO y Guatecompras. Es, además, la institución que más ha avanzado dentro del Ejecutivo y que podría liderar un proceso de este tipo. Incluso las municipalidades están involucradas en estos temas a través del SICO, Guatecompras o Guatenómina. Entonces, es viable.

¿Cómo cerrar la brecha digital entre instituciones?

Hay ministerios que tienen un alto grado de avance, como el de Cultura, porque manejan menos trámites al mismo tiempo. Pero si vamos a Salud o Agricultura, son estos los que concentran la mayor cantidad de trámites que debe realizar el usuario frente a las instituciones. Entonces, es un asunto de priorización.

Si se implementa por etapas, será más fácil que cada uno alcance ese nivel de madurez. El Ministerio de Cultura —no recuerdo cuántos trámites tiene—, pero no deben ser más de 20. Si ya los digitalizó, ¿por qué el Ministerio de Salud no podría alcanzar ese mismo nivel con otros trámites?

Claro, ahí volvemos al desafío de la corrupción, porque hay grupos que se están oponiendo en ese sentido.

¿Cuáles son los próximos pasos de una agenda digital mínima?

Un cronograma clave con las acciones que se van a implementar, porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de una ley, sino que pueden aplicarse directamente. La emisión del reglamento —lo hemos dicho en varias ocasiones— es uno de esos pasos: la ley tiene ya cinco años de vigencia y aún no cuenta con una reglamentación.

También es clave la implementación de un sistema de pagos estandarizado para todas las instituciones. En algunos ministerios se paga con un banco y en otros con otro; entonces, no se ofrecen las mismas facilidades. Todos deberían contar con una misma opción. Una plataforma única de pagos podría ser una solución, desde el punto de vista administrativo.

Desde el ámbito legislativo, es fundamental que el Congreso apruebe la Ley de Transformación Digital y la Ley de Ciberseguridad.

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