En el memorial presentado en el Juzgado de Paz de Turno, se indica que se debe retirar la inmunidad a la funcionaria para investigarla por abuso de autoridad, pues se considera como ilegal que haya emitido el acuerdo ministerial 484-2015, en el cual se amplía el uso de la cárcel que funciona en el cuartel Matamoros, para la reclusión de mujeres.
En esa prisión permanece Baldetti de manera preventiva, quien afronta un proceso penal por presuntos vínculos con la red de defraudación aduanera denominada La Línea.
La abogada Ana Lucía Alejos Botrán, quien integra la organización, explicó que al publicar la referida normativa, Mendizábal habría incurrido en fraude de ley porque en el acuerdo se explicaba que su vigencia sería de forma inmediata a su publicación en el diario oficial, cuando el mínimo para que una norma cause efecto es de ocho días.
Además, Botrán estimó que con ese acuerdo se buscó favorecer a Baldetti, y evitar que estuviera en la cárcel para mujeres Santa Teresa, zona 18.
Sorpresivo cambio
Según el Acuerdo Ministerial 484-2015, Matamoros es para el cumplimiento de penas de prisión de reclusos y reclusas, que se encuentren en prisión preventiva y que por su condición representen eminente riesgo de que se atente contra su vida e integridad personal o de otras circunstancias análogas determinadas por el Ministerio Público (MP) y juez competente.
“La Ley del Sistema Penitenciario regula que en los casos en que no existan centros para mujeres, las mismas podrán ser recluidas en los centros de hombres, en sectores especiales, con absoluta separación, vigilancia y régimen interior propio”, justifica el documento, publicado en el diario oficial.
Defraudación
La red de defraudación La Línea operaba en las principales aduanas del país, e integraba a trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria, autoridades de la entidad, funcionarios de otras organizaciones estatales, importadores y partículares.
Por el caso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala solicitaron retirar la inmunidad al presidente, Otto Pérez Molina, la cual fue trasladada al Congreso, donde se integró una comisión pesquisidora para analizar la petición y recomendar si es o no prudente aceptar el requerimiento.
El pasado 28 de agosto, la comisión escuchó a quienes solicitaron el antejuicio, un día después citó al mandatario, quien prefirió enviar un informe con sus pruebas de descarto. La conclusión de la pesquisa fue de recomendar que se retire el antejuicio a Pérez Molina, para que las autoridades puedan investigarlo.
Se considera que el dignatario habría cometido delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.
