La Fiscalía aseguró que la mayoría de las solicitudes de antejuicios son rechazadas por los juzgados por supuesta falta de fundamentos, debido a que la Contraloría General de Cuentas no profundiza en los casos en que se sospecha de irregularidades.

Para controlar ese flagelo en las comunas, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) trabajan en un plan que abarcará 10 municipalidades que presentan dudas en su gestión.

Un informe otorgado por la fiscal contra la Corrupción, Glenda Aldana, establece que en el 2015 se recibieron 595 denuncias más que en el 2014, cuando solo hubo 155.

El incremento de los expedientes en el MP, según Aldana, se debe a la cultura de denuncia que la población adquirió por los cambios que han surgido en el país, y también porque se amplió la competencia de la Fiscalía de Delitos Administrativos y la de Corrupción.

“Es decir, los delitos de cohecho pasivo y retenciones indebidas pasaron ahora de la Fiscalía de Delitos Administrativos a la nuestra, porque son puras cuestiones de corrupción”, declaró.

Más casos

Del total de denuncias presentadas, el 26 por ciento fue contra alcaldes, quienes son señalados por peculado, malversación y apropiación y retención indebida.

Entre los jefes ediles supuestamente involucrados en actos de corrupción y contra quienes se ha solicitado retirar la inmunidad se cuentan Álvaro Rolando Morales, de Quezaltepeque, Chiquimula; José Vásquez Reyes, de San Miguel Pochuta, Chimaltenango; y dos peticiones contra el jefe edil de Barberena, Santa Rosa, Rubelio Recinos.

Aldana expresó que entre los inconvenientes para investigar a las comunas está el tiempo que requieren las instituciones encargadas de fiscalizarlas y la demora de las responsables de analizar el antejuicio; es decir, la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) —jueces y magistrados—.

“No puedo especificar qué es más complicado. Por ejemplo, en uno de los procesos la Contraloría ya entregó el informe que determina que sí hay vicios; sin embargo, en la CSJ el expediente no se ha resuelto”, dijo.

Aldana mencionó que en apoyo a la Cicig se trabaja un proyecto que abarcará 10 municipalidades señaladas. “Se trabajará en forma coordinada. Estamos en el proceso de identificar las comunas y los detalles de la información”, declaró.

Añadió que las 10 comunas serán seleccionadas de los casos que ya se registran en esa fiscalía.

Menos señaladas

Luego de las comunas, las asociaciones, los desaparecidos Fondo Nacional para la Vivienda (Foguavi) y Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) son los que más denuncias registran, con el 5 por ciento. Le siguen tres ministerios: Salud, caso en el que el Juzgado Quinto ya declaró con lugar un antejuicio contra el exministro Luis Enrique Monterroso; Gobernación y Desarrollo Social.

Además, el Registro Nacional de las Personas (Renap), algunos de los consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), empresas privadas y diputados.

El documento establece que contra la legisladora del Partido Patriota Emmilenne Mazariegos se presentaron dos solicitudes de antejuicio, una el 6 de agosto último y la otra el pasado 15 de octubre. Ambas se encuentran en trámite.

Otras fiscalías

No solo en esa fiscalía hay quejas contra alcaldes, pues también se registran señalamientos en las fiscalías Especial contra la Impunidad, de Delitos Administrativos, Lavado de Dinero y la de Ambiente.

En esta última recién se presentaron apelaciones contra cuatro jefes locales vinculados con la contaminación del Lago de Atitlán, Sololá, luego de que fueron rechazados los procesos de antejuicio por la Sala Regional Mixta de Apelaciones de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Los delitos por los que el MP pide que se investigue a los actuales alcaldes son contaminación ambiental e incumplimiento de deberes.

Los ediles señalados son Tomás Quievac, de Santiago Atitlán; Diego González, de San Pedro La Laguna; Antonio Pérez, de San Juan La Laguna; y Andrés Iboy Chiroy, de Sololá.