Byron Eduardo Ulín Ortiz, trabajador del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), enfrenta juicio por incumplimiento de deberes, señalado de haber entregado un cadáver equivocado a una familia el 23 de julio del 2020.

El debate se desarrolla en el Tribunal Tercero de Sentencia Penal.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), Ulín Ortiz, quien trabajaba como tanatólogo, habría entregado a los familiares un cadáver que estaba identificado como XX, tenía al menos dos meses de permanecer en el Inacif y se encontraba en estado de descomposición.

Durante su declaración ante el tribunal, Ulín Ortiz dio su versión de lo ocurrido y señaló que el procedimiento se efectuó sin una cámara fotográfica institucional para documentar la individualización de los cadáveres.

“Antes de eso, nosotros no contábamos con una cámara fotográfica, existe constancia de eso, el jefe inmediato y el director de la institución tenían conocimiento de que no contábamos con una cámara para realizar ese procedimiento”, declaró.

Según el acusado, el 22 de julio del 2020 se le asignó la preparación de nueve cadáveres para una inhumación prevista para el día siguiente. Explicó que durante la mañana una familia llegó para reconocer y retirar uno de esos cuerpos.

Ulín Ortiz aseguró que, para efectuar el procedimiento de individualización, solicitó una cámara a los médicos forenses de turno, pero estos no pudieron proporcionársela porque, según dijo, las memorias de los equipos estaban llenas con evidencias de otros cadáveres.

El acusado afirmó que comunicó la situación a su jefe inmediato, quien le indicó que los cadáveres debían ser inhumados.

También explicó que decidió no utilizar su teléfono celular para fotografiar los cuerpos debido al temor de contaminarlo, pues los hechos ocurrieron durante la pandemia de covid-19.

De acuerdo con su declaración, mientras preparaba los cadáveres recibió un expediente para entregar a una familia uno de los cuerpos. Al revisar el cadáver que supuestamente correspondía al documento, afirmó que no encontró los brazaletes de identificación.

Ulín Ortiz declaró que recibió instrucciones de no entregar ese cuerpo hasta el día siguiente y efectuar un estudio para confirmar su identidad.

Según su versión, mientras solucionaba esa situación pidió a sus compañeros que esperaran para continuar con la preparación de los cadáveres que serían inhumados. Sin embargo, afirmó que ellos se ofrecieron a preparar los dos cuerpos que faltaban.

El acusado aseguró que, cuando regresó a la sala de necropsias, uno de esos cadáveres ya estaba completamente embolsado. Añadió que pretendía abrir la bolsa para revisar el brazalete, pero sus compañeros le aseguraron que el procedimiento se había efectuado correctamente.

Según su relato, colocó la hoja de individualización en la bolsa. Al día siguiente, después de que terminó su turno, los cadáveres debían ser enviados al Cementerio de la Verbena.

Ulín Ortiz afirmó que posteriormente recibió una llamada en la que le informaron que en la morgue habían constatado que se había enviado un cadáver equivocado.

Señala solicitud tardía de videos

El acusado también declaró que el Inacif abrió un proceso administrativo por lo ocurrido y que, durante este, planteó la necesidad de obtener las grabaciones de las cámaras de seguridad de la institución para respaldar su versión de los hechos.

Según Ulín Ortiz, una supervisora le indicó que las grabaciones permanecían almacenadas durante tres meses y que no era necesario que su abogado las solicitara, pues ella efectuaría el requerimiento de oficio.

“Ella me dijo: ‘Mire, no se preocupe, todavía falta un mes y medio para que las cámaras se borren, entonces yo lo voy a hacer de oficio’”, declaró.

Ulín Ortiz aseguró ante el tribunal que, pese a ello, la solicitud de las grabaciones se hizo un año después.

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