En ese ínterin, el juicio se suspendería por cuatro días, debido a los plazos que determina la CC para el cumplimiento del fallo, ya que el juez tiene, a partir de la notificación, 24 horas para solicitar el expediente, 48 horas para analizar y resolver, y 24 horas para devolver las actuaciones al Tribunal.
El artículo 361 del Código Procesal Penal estipula que por el principio de continuidad el debate no podrá suspenderse por más de 10 días.
Evitar violación
El argumento de los magistrados es que se amparó a los militares para evitar que en el desarrollo del juicio se materialice la violación a los derechos de defensa.
Además en el fallo se advierte de que si no se cumple con lo estipulado, se aplicarán apercibimientos.
Una fuente del máximo tribunal señaló que el juzgador actuó arbitrariamente al rechazar las pruebas, porque fueron presentadas en el plazo que establece la ley.
Afirmó que corresponderá al Tribunal determinar qué procede después de la admisión de las pruebas.
Anteriormente la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal amparó provisionalmente a Ríos Montt de manera parcial, en las resoluciones emitidas el 15 de febrero y 6 de marzo recién pasados. De allí que las partes hayan apelado por no estar de acuerdo con el fallo.
En la misma resolución el máximo tribunal rechazó las apelaciones presentadas por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), y de la asociación Familiares de Detenidos, Desaparecidos de Guatemala.
Posturas
Según Danilo Rodríguez, defensor de Ríos Montt, la resolución de la CC está dentro del marco legal.
Agregó que Gálvez rechazó cerca de 20 documentos, 14 informes, 10 videos y peritos —no precisó la cantidad—. “Todo nos lo rechazaron y nos mandaron por un tubo”, dijo.
Entre las pruebas denegadas se encuentran documentos que establecen que la cadena de mando solo llegaba hasta los comandantes de las zonas militares.
Héctor Reyes, abogado de Caldh, indicó que no había recibido la notificación. Pese a ello, considera que la CC solo tiene la potestad de confirmar o revocar el amparo provisional de la Sala Cuarta de Apelaciones del ramo Penal.
“Si fuera de esa manera —regresar el expediente al juzgado—, creo que estaría vulnerando los derechos de las personas que nosotros representamos, porque se estaría extralimitando en las funciones que le competen”, expresó.
El abogado Édgar Pérez, de la AJR, manifestó que la CC no tiene competencia para ordenar el retorno del expediente al juzgado.
El fiscal Orlando López precisó que la decisión de la CC no altera el debate, “porque el Tribunal ya empezó a recibir la prueba de la defensa”, afirmó por vía telefónica.
En el informe circunstanciado enviado al máximo tribunal, el juez Gálvez justifica que le admitió 16 testigos a Ríos Montt, así como al consultor técnico.
Detalla que rechazó por impertinentes a los peritos propuestos y los informes que se debían solicitar al Ministerio de la Defensa y los periciales por no haber sido presentados en el momento oportuno.
