Para la congresista, el estado de Calamidad firmado por el vicepresidente Jafeth Cabrera, mientras estaba en funciones presidenciales por la ausencia del país de Jimmy Morales, viola los artículos 138 y 139 constitucionales, al limitar los derechos de locomoción y reunión.

La acción también se fundamenta en que el estado de Calamidad otorga la “no aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, librando a todas las dependencias y entidades públicas, la obligación de licitar y cotizar para cualquier tipo de adquisición que estos realicen”.

Nineth Montenegro indicó que la acción respondió a hallazgos que no justificaban el estado de Calamidad. Entre ellos que delegaba funciones al titular de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), para que cualquier lugar donde se creyera que hay calamidad lo pudiera decretar, función que solo tiene el presidente.
 
Además aplicaron el estado de Calamidad amparados en el artículo 142 que dice que esa medida estaba en todo el territorio nacional, incluyendo, suelo, subsuelo, aguas interiores, el mar y espacio aéreo, entre otros como los recursos naturales, mar adyacente y subsuelos marinos.
 
“No hay calamidad, no existe, estamos terminando el invierno. No se puede interponer una calamidad cuando no existe. Primero se debe decretar un estado de Prevención, después estado de Alarma y por último si la calamidad se da, se decreta, según la ley”, explicó Montenegro.
 
La congresista afirmó que adicionalmente el Gobierno restringió la libre movilidad y expresión en todo el país por al menos 11 días.
 
“Si el interés era gastar el dinero donde no se ha utilizado, como el Ministerio de Desarrollo con cuatro por ciento en inversión social, Gobernación ocho por ciento, seis en Comunicaciones”, añadió.
 
La diputada considera que ahora la acción de la Corte marca un precedente para un futuro cuando se pretenda decretar una medida de esa manera.
 
El Gobierno también se había amparado en una resolución de Naciones Unidad sobre los países vulnerables al cambio climático.

Vigente

Montenegro afirmó que a su criterio el estado de Calamidad estaba vigente hasta antes que la Corte emitiera la resolución, pues el Congreso lo conoció y voto pero nunca fue aprobado o improbado.
 
“Mientras el Congreso no se reuniera estaba vigente y todo lo que hiciera el presidente estaba vigente. Al final hubo presiones después de plantear la acción, para que se dijera si se aprobaba o no”, indicó.
 
La congresista manifestó que quedó en impase porque nunca lo aprobaron o rechazaron. La votación decía que debían haber 105 votos en el pleno y que hubiera más de 80 para improbarlo, pero solo hubo 60.
 
“Quedó en el limbo jurídico y se archivó”, puntualizó.

Desconocen pronunciamiento

El vocero de la Presidencia, Heinz Hiemann, afirmó que el Organismo Ejecutivo no ha sido oficialmente notificado por la Corte de Constitucionalidad (CC).

“No conocemos con exactitud cuál fue el pronunciamiento de la CC, sin embargo, al ser provisional tenemos 15 días para pronunciarnos”, afirmó el portavoz.

Hiemann enfatizó que el Ejecutivo es respetuoso del Estado de Derecho y de las disposiciones que la CC emita.

“Se atenderán con total exactitud, ya que es una instancia de carácter constitucional a quien hay que atender como corresponde”, aseguró el vocero.

Desde el Congreso

El Congreso ya había rechazado el estado de Calamidad, el pasado 4 de octubre, con 59 votos en contra de la medida del Ejecutivo.

Al comienzo de la sesión, con 112 votos a favor, los diputados aprobaron una moción conocer de urgencia nacional el estado de Calamidad Pública, sin embargo, durante su intervención en el pleno, la mayoría de parlamentarios se mostró en contra de la medida.

*Con información de Byron Vásquez