“La Comisión indica que, dadas las circunstancias y la evaluación que hicieron del caso, otorgan de manera urgente las medidas cautelares en favor de la fiscal general y su núcleo familiar”, explicó el procurador.
Las peticiones que la CIDH hace al Estado son:
- Que se adopten las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad de la fiscal general y de su familia.
- Que se adopten las medidas necesarias para que la fiscal pueda desarrollar sus actividades, sin ser objeto de intimidación, amenazas y hostigamiento.
- Que las medidas que se adopten sean coordinadas con los beneficiarios.
- Que el Estado informe sobre las acciones que se implementaron para investigar las amenazas de las que fue objeto la fiscal general.
- Que el Estado informe, en un plazo de 20 días, sobre la adopción de medidas cautelares para proteger a la fiscal general.
De León agregó que el Estado, a través de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, entregó un informe a la CIDH sobre los hechos que él denunció y que este documento coincidió con los argumentos y exposición de motivos planteados por la procuraduría.
La resolución de la Comisión Interamericana se da un mes después de la solicitud de De León, quien pidió las mismas medidas para el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del proceso Cooptación del Estado, pero sobre ello aún no hay una decisión.
Denuncia amenazas
Aldana reveló en una entrevista con CNN que estructuras del crimen organizado planeaban un atentado en su contra.
“El Ministerio Público y el ministerio de Gobernación logramos establecer la posibilidad de que estructuras del crimen organizado de Guatemala están planeando un atentado en mi contra. A ese grado –han llegado las amenazas– “, expresó Aldana al periodista Fernando del Rincón, conductor del programa Conclusiones.
