Según la Cicig, los señalados “ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril”, un día antes de los operativos.
La medida de la Corte se mantendrá hasta que la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia haga una revisión de la seguridad del sistema.
“Se hace de esa manera en virtud de que este es un proyecto que nace de esa instancia, donde confluyen el Organismo Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Gobernación, Instituto de la Defensa Pública Penal y el Inacif como invitado”, declaró Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial (OJ).
El proyecto será analizado por dichas instituciones para decidir el futuro de ese sistema para gestionar las órdenes de detención, el cual surgió a raiz de la captura del ex viceministro de Economía y Comercio Exterior, Enrique Lacs Palomo, con una orden de aprehensión falsa, en mayo de 2017.
Juan Francisco Sandoval, fiscal especial contra la impunidad, calificó de positiva la suspensión del sistema y consideró que “sería muy oportuno que se hiciera de conocimiento de todos los órganos que intervenimos en el tema de operación de justicia”.
Manifestó que la fiscalía está anuente a trabajar en conjunto con la CSJ y demás instituciones para mejorar el sistema.
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, felicitó a la Corte por su “acertada” decisión.
https://twitter.com/JordanRodas/status/986768180130533376
El día que se conoció la fuga de información, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, expresó que la Inspectoría Genral de la PNC emprendió una investigación “profunda” para determinar si la filtración surgió de allí, aunque afirmó que son pocas las personas que tienen acceso al sistema.
Corrupción en el IGSS
Henry Silva Madrid Romero, Carlos Humberto González Castellanos y Juan Carlos Fernández Valle, prófugos desde el pasado 13 de abril, son señalados de varios delitos por suspuestos actos de corrupción en el Insituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Según las investigaciones, habrían cometido los ilícitos en la compra sobrevalorada de 50 ambulancias por Q880 mil cada una y la prórroga de un contrato del sistema informático SAP por Q243 millones, que después fue cancelado.
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