El abogado defensor Erwin Eduardo Velásquez Herrera fue el primero en argumentar ante la juez que la investigación del MP no tiene veracidad y por lo tanto no amerita que Torres continúe en prisión y sea procesada.
Velásquez Herrera indicó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) efectuó reparos a los estados financieros de la Unidad Nacional de la Esperanza en la campaña electoral de 2015, por esa razón las auditorías fueron sometidas a análisis y “se desvanecieron”.
“Hay registros y declaraciones juradas de los aportes dinerarios por lo tanto no es financiamiento ilícito”, expuso Velásquez Herrera en defensa de la excandidata presidencial.
El abogado señaló que hay declaraciones juradas de los aportes de Mario Leal Castillo, Juan Pablo García, Maariv S.A. y Grupo Inmobiliario San Felipe.
El reporte financiero que analizó el abogado detalló que de mayo a junio de 2015 los aportes al partido político Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) fueron por Q13.4 millones.
El defensor de Torres, con esta exposición, trata de convencer a la juez de que la UNE en la campaña electoral de 2015 no ocultó los aportes de sus financistas y según ellos las pruebas son las declaraciones juradas y las auditorías. También que la imputación no encuadra en financiamiento electoral ilícito.
Asimismo, hizo saber que hubo periodos de la investigación en que Torres fue candidata presidencial y otros en que se desempeñó como la secretaria general del partido, por lo tanto, las escuchas fueron ilegales porque algunas pudieron ser de cuando tenía inmunidad.
Escuchas y cheque
Marco Vinicio Salvatirra, el segundo abogado que compareció ante la jueza, fue más directo en la defensa y afirmó que no había relación entre Torres y las empresas Maariv S.A. y Grupo Inmobiliario San Felipe.
Salvatierra señaló que Maariv S.A. y el Grupo Inmobiliario San Felipe están “relacionadas” a Leal Castillo y su familia y nada las vincula con la excandidata presidencial de la UNE.
Esa explicación trata de desligar a Torres de los aportes que efectuaron esas empresas a la campaña electoral de la UNE en 2015.
Además, criticó que las escuchas se hayan mal interpretado y que en el caso de la conversación telefónica de Torres con Gustavo Alejos en la que se mencionan Q40 millones fue “filtrada a la prensa” y ahí el Ministerio Público violentó la “custodia” de los indicios de prueba.
La última situación criticada por Salvatierra es que Per Michael Erichsen Rydhager brindó declaración a la fiscalía y que tuvo modificación e inconsistencias.
Erichsen Rydhager, junto a seis personas más, fue ligado a proceso por este caso el 23 de agosto pasado, por Domínguez.
El abogado señaló: “Per Michael como lo indica en su declaración, entrega un cheque de Q250 mil y la contradicción es que se lo dio a mi patrocinada -Sandra Torres- y luego la persona que acompaña a Per Michael indica que se lo dio a una persona que estaba dentro de esa oficina y no corresponde a la señora Sandra Torres. Entonces de qué financiamiento nos habla el Ministerio Público”.
Salvatierra argumentó que Torres nunca cobró el cheque de Q250 mil y nada tenía que ver con Leal Castillo y Alejos.
“No existe la prueba de los cuarenta millones”, recalcó Salvatierra para finalizar la defensa de Torres en la tercera sesión de la audiencia de primera declaración.
La jueza tendrá que analizar 300 medios de convicción presentados por el MP y la defensa de Torres en las audiencias, luego de este escrutinio decidirá si la excandidata presidencial de la UNE será ligada a proceso o no. La decisión final se conocerá el 16 de octubre próximo y mientras tanto Torres continuará en prisión provisional.
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