Según la información del MP, los allanamientos son en seguimiento a una denuncia interpuesta por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations (HSI).
Según la información del MP, los cateos se llevaron a cabo en Guatemala, Alta Verapaz, Chimaltenango, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Totonicapán y se busca la detención de 14 personas, por los delitos de estafa propia, lavado de dinero y asociación ilícita.
La PNC informó que hasta el momento se reporta la captura de Edín Barrientos, Felipa Xico Ajquejay, José Alberto de Paz Tello, William Amilcar Alvarado Nisthal y Delmi Esaú Martínez.
En la cuenta de Twitter del MP, se mencionó que el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche fue entrevistado por una radio y allí habló sobre las diligencias.
Comentó que la denuncia fue presentada el 2 de agosto de 2019 por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations (HSI), y no se diligenció en su momento como correspondía.
Se explica que se hizo una donación de más de Q1 millón a la asociación Asodefir por parte de Usaid.
La información que ofreció Curruchiche ese medio explica que los fondos de la donación fueron para comprar acciones de un banco del sistema.
Confirmó que se solicitó el retiro de derecho de antejuicio contra el ministro de Agricultura, José Ángel López Camposeco y que se solicitaron 14 capturas por los delitos de estafa propia, lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Curruchiche también confirmó a ese medio que entre las personas que se busca capturar está Carmen Rosa de León Escribano.
Se defienden
Carmen Rosa de León Escribano, publicó un comunicado en el que menciona que ella estaba enterada sobre esta investigación, pues se viene realizando desde hace varios años.
Añade que muestra de su disposición de colaborar con la investigación es que “declaré anticipadamente ante la FECI en el momento oportuno, razón por la cual es de extrañar que ahora se tomen estas acciones en mi contra. En tal sentido, reitero mi disposición de colaborar con las investigaciones”.
Afirmó que aunque el caso se encuentra bajo reserva y no han tenido acceso al expediente, sabe que los señalamientos en su contra son porque “pertenecí a la Junta Directiva de la Asodefir, posición desde la que no se cometió ningún delito, por lo que subrayo mi inocencia ante cualquier señalamiento”, se lee en el comunicado.
Añade que desde hace varios meses me encuentra fuera del país, por razones de estudio y por “el deterioro de la situación política en Guatemala, donde las instituciones se han prestado para perseguir y criminalizar a quienes luchamos contra la corrupción”.
“Lamento que en Guatemala no existan las condiciones de confianza en sistema de justicia para presentarme de inmediato y subsanar mi situación, pero en el momento. adecuado lo haré. Esta acción en mi contra busca desacreditar y deslegitimar el trabajo que he venido realizando desde hace muchos años, pero mi inocencia quedará aclarada”, concluye el comunicado.
Sandoval se pronuncia
El exjefe de la Feci, Juan Francisco Sandoval, emitió un comunicado en el que asegura que este caso no estaba engavetado como lo afirmó el actual jefe de esa fiscalía.
“Hoy el Ministerio Público presentó el caso denominado ´Asodefir’, el cual se inició a investigar cuando yo dirigí la Feci”, empieza el documento.
Agrega que en conferencia de prensa, el actual jefe de Feci, Rafael Curruchiche, lo acusó de haber engavetado el caso. “el caso estaba engavetado por mi antecesor”, agrega el documento, “estamos analizando tomar acciones contra mi antecesor”, prosigue, “en su momento esa percepción que se tiene favorable a unas personas, creo que con este caso y con otros casos que van a salir, va a cambiar”, refiere el documento.
Sandoval señaló que “es falso que la investigación no se gestionó diligentemente. En forma reiterada, la fiscal general Consuelo Porras, con el interés de operativizar el caso, requería informes y en los mismos se reportaban los avances. Así también informaba los obstáculos para obtener autorizaciones judiciales para gestionar información bancaria: el juez contralor, por ejemplo, demoró ocho meses en señalar la audiencia para requerir estos avales”.
También dice que tiempo después, “la Fiscalía de Delitos Transnacionales solicitó conexar una denuncia y, por cumplir con los criterios establecidos en la ley, fue acumulada. Para acelerar la investigación, se acudió al juzgado de diligencias urgentes y así se obtuvieron las órdenes judiciales para requerir la información financiera Solo a partir de estos medios, la unidad correspondiente empezó el análisis financiero, fundamental en procesos de delitos de naturaleza financiera”.
Sandoval se cuestiona porque el MP esperó 10 meses después de su salida para “presentar los resultados y acciones basadas en dichas pesquisas”.
Por último, refiere que “la presentación del caso ocurre en el marco del nombramiento de Fiscal General que debe asumir la siguiente semana. Todo parece indicar que usa este caso para promocionar su gestión y justificar su posible renombramiento”.
El Maga
Se le consultó al Ministerio de Agricultura sobre alguna postura por la petición de la Feci de que le sea retirado el derecho de antejuicio al ministro José Ángel López, y comunicación social de la cartera respondió que se está analizando la información con los abogados para conocer detalles de la acusación y que en el momento oportuno se brindarían las declaraciones del caso.
Ejecutivo no se pronuncia
Se solicitó una postura al Organismo Ejecutivo sobre cómo procederán respecto a la solicitud de retiro de inmunidad del ministro de Agricultura, José Ángel López, pero en la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respondieron que se hiciera la consulta directa al Departamento de Comunicación del Maga, quienes aún no responden.
Reacción de Estados Unidos
Una fuente de la Embajada de EE. UU. compartió la respuesta de ese gobierno ante las capturas y el caso.
“El gobierno de Estados Unidos está monitorizando las alegaciones de cualquier posible robo o mal uso de sus fondos. Estados Unidos trabaja de cerca con sus socios en el gobierno guatemalteco y en los sectores no gubernamentales para promover la buena gobernanza, la prosperidad y la seguridad. Al hacerlo, esperamos que nuestros socios actúen conforme a normas estrictas y conforme a la ley”, indicó.
