El viceministro de Seguridad de Gobernación, Ricardo Guzmán Loyo, hizo esta mañana una verificación del plan de revisión de pasajeros, en marcha desde hace unos días con el objeto de detectar cualquier tipo de armas y evitar más atentados.
El domingo 6 de marzo, un autobús extraurbano fue atacado con un explosivo en San José Pinula, y hubo otro intento esta semana de hacer lo mismo en Amatitlán.
En teoría, los transportistas debían informar a los conductores de en qué puntos deben parar para que la Policía Nacional Civil (PNC) y otras instituciones puedan hacer la revisión de los pasajeros con detectores de metal que proporciona la Municipalidad de Guatemala, sin embargo, los pilotos se detienen donde no hay presencia de las autoridades.
“Algunos transportistas no les trasladaron la información a los conductores de dónde no deberían de parar porque la idea era que si ellos paraban en 50 lugares, no tenemos la fuerza para cubrir esos 50 lugares, y debían indicarles en qué 20 lugares podremos apoyarles”, afirmó el funcionario.
“Nos ha tocado subir en el bus, hacer nosotros la labor de comunicación que le corresponde a la gremial de transportistas, pero muchos de ellos están atemorizados, incluso, hasta de comunicarse con sus propios conductores. Queda a su merced el conductor y tendrá que ver qué hace para pagar la extorsión y el diésel”, añadió Guzmán.
Extorsiones y alcohol
La segunda “fórmula” que podría funcionar para detener la violencia contra el transporte público, según el viceministro de Gobernación, es terminar con pagar a extorsionistas y destinar más recursos a las instituciones de seguridad y justicia.
Viceministro Ricardo Guzmán asegura que las empresas de buses que pagan más extorsiones tienen más muertos. pic.twitter.com/ZaXivrMsos
— Bvasquez_pl (@Bvasquez_pl) March 13, 2016
“¿Por qué hoy podríamos cambiar? Esa pregunta es para los ciudadanos, solo cuando todos nos involucremos. Que se den recursos idóneos a las instituciones de seguridad, y cuando dejemos de alimentar a las organizaciones criminales, quitándoles los recursos económicos, esa va a ser una fórmula que podría ser idónea para hacer el cambio”, explicó Guzmán.
La otra alternativa, que no implica la inversión de recursos, es brindar información de las estructuras y, dejar de “contar con exceso” de lugares de venta de bebidas alcohólicas.
“Las comunidades deben regular cuántos lugares pueden vender bebidas alcohólicos y a qué horas”, concluyó el funcionario de Seguridad.
Las declaraciones las brindó durante la supervisión efectuada en la ruta de la Central de Transferencia del Sur (Centrasur), a Palín, Escuintla, la cual, según la gremial de transportistas, es la más afectada.
