A la sesión asistieron alrededor de 15 delegados de organizaciones de la sociedad civil, entidades del Gobierno, así como de derechos humanos nacionales e internacionales.
Ábner Paredes, defensor de la Juventud, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), dijo que el motivo del encuentro fue retomar el vínculo entre las distintas entidades para establecer un plan de acción urgente respecto de la situación de estos centros y las condiciones de los internos.
Falta de financiamiento y de personal capacitado serían limitantes del programa de acción.
Paredes dijo que se compartió valiosa información entre las delegaciones y se trazó un programa de sesiones de seguimiento, a fin de lograr, a más tardar un mes, una serie de propuestas técnicas para que los entes involucrados mejoren el sistema operativo de los centros juveniles.
En el encuentro, en el que también participó el Alto Comisionado los Derechos Humanos, también se analizaron varias limitantes que frenarían el eventual plan de acción, para lo que se plantearon lagunas soluciones.
La PDH hizo énfasis en la situación de vulnerabilidad, hacinamiento, falta de personal e infraestructura que se vive en los centros, basados en inspecciones físicas a los centros de reclusión, por lo que es necesario tomar acciones urgentes. También informó sobre el avance de las investigaciones en materia de las resoluciones judiciales, hallazgos y denuncias hechas respecto del sistema.
Recomendaciones
También se enfatizó sobre algunas recomendaciones que la PDH ha hecho al respecto del sistema, como contar con protocolos de seguridad en las correccionales o separar a los internos por edades, tipo de sanciones o reincidencia, a fin de proteger la garantía universal de la vida.
Las entidades también reconocieron algunas limitantes para el programa, como la falta de financiamiento para su aplicación o la contratación de personal capacitado para efectuar actividades especiales como la impartición de talleres.
Finalmente, la SBS expresó su voluntad de trabajar de la mano con las instituciones, a fin de mejorar la situación actual del sistema, refirió Paredes.
Hacinamiento, falta de personal, falta de infraestructura y de protocolos de seguridad son algunas dificultades que enfrenta el sistema correccional en el país.
Otras de las instituciones participantes fueron el Programa de la Unión Europea de Apoyo a la Seguridad y la Justicia en Guatemala (Sejust), Catholic Relief Services (CRS) y el Instituto Italo-Americano (IILA).
A escala de sociedad civil guatemalteca participaron, entre otras entidades, la Comisión Nacional Contra el Maltrato y Abuso Sexual Infantil (Conacmi), Fundación para la Juventud (Fundaju), Grupo Ceiba, Instituto Demos, Artesana Guatemala y AMA.
La reunión se efectuó en la sede de la SBS, pero no se permitió el ingreso a la Prensa ni hubo declaraciones oficiales posteriores.
