Villatoro leyó la resolución de la Sala Primera de Apelaciones del ramo Penal, en la cual se aceptó una apelación del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con la que se oponían al arresto domiciliario concedido a los sindicados.

La Sala determinó que los exfuncionarios deben permanecer en prisión preventiva mientras la Fiscalía finaliza la investigación en su contra, por lo cual giró instrucciones al juzgador para cambiar su decisión del 31 de mayo último, cuando ligó a proceso a los sindicados y los benefició con medidas de coerción que sustituyeron la cárcel.

En aquel momento el juzgador determinó que los exfuncionarios podían permanecer en arresto domiciliario si pagaban fianzas de Q100 mil cada uno.

Los procesados intentaron evitar que se conociera la orden para enviarlos a prisión, y accionaron durante la diligencia, pero el juez les indicó que la Sala le había fijado un plazo para cumplir con la resolución.

La defensa señaló que también se está a la espera la respuesta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde el órgano investigador pidió que el caso fuera trasladado a un juzgado de competencia ampliada, pero el intento fue infructuoso.

Quedan pendientes de resolverse tres amparos planteados por los exparlamentarios, con los cuales buscan que se anule el fallo de la Sala.

Villatoro señaló que es su obligación velar por la seguridad de las personas que enfrentan proceso en los casos que conoce, por lo cual no podía enviar a los sindicados a lugares donde corrieran riesgos e instruyó para que fueran recluidos en la prisión militar.

El juzgador aseguró que para nadie es un secreto el mal manejo de las prisiones, y dio como ejemplo el ataque que sufrió el capitán Byron Miguel Lima Oliva en la Granja de Rehabilitación Penal Pavón, Fraijanes, el pasado 18 de julio, donde fue ultimado con un explosivo.

Ligados a proceso

El pasado 31 de mayo el juez Villatoro ligó a proceso a los exparlamentarios y les otorgó las medidas sustitutivas de arresto domiciliario, arraigo y una multa de Q100 mil. Por existir el riesgo de obstaculización y de la averiguación de la verdad, la CICIG y el Ministerio Público (MP) apelaron en la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal, la cual declaró con lugar el recurso legal y ordenó al juez Villatoro dejar sin efecto dichas medidas.

El juez fijó el 19 de septiembre para que se presenten las conclusiones de la investigación y  la acusación formal contra los exfuncionarios del Congreso. Mientras que para el 10 de octubre se programó la audiencia de la etapa intermedia, en la cual se decidirá si los sindicados deben enfrentar juicio.

Antecedentes

La investigación preliminar señala que los sindicados se habrían aprovechado de su cargo como parlamentarios para gestionar la contratación de personas allegadas a ellos en puestos de confianza y con salarios elevados, con lo cual se incrementó de manera irregular la planilla del Organismo Legislativo.

Las irregularidades habrían sido cometidas entre el 2015 y 2016, durante las gestiones de los diputados Arístides Crespo y Luis Rabbé como presidentes del Legislativo. Ambos enfrentan antejuicio.