La orden de captura la giró el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Cuilapa, Santa Rosa, y está pendiente ubicar a Martínez.
El MP dijo que inició una investigación de oficio luego que el 1 de junio de 2020 un medio de comunicación publicó que Martínez Olivet habría beneficiado a empresas relacionadas con su familia, fraccionando adquisiciones públicas al realizar compras directas y así eludir la Ley de Contrataciones del Estado.
La Comisión Presidencial contra la Corrupción presentó una denuncia el 5 de agosto de ese mismo año en contra el profesional de la medicina, en la que se le relaciona con una posible vinculación en hechos delictivos al favorecer a entidades relacionadas con su familia.
Martínez está señalado de concusión, fraude y abuso de autoridad.
Concusión
Según el MP, el doctor Martínez Olivet, en su calidad de Director del Área de Salud el 24 de abril de 2020 se interesó de forma directa en el proceso de adquisición de mascarillas quirúrgicas realizada a la entidad mercantil denominada VETCO, S.A., a la que le autorizó y aprobó los eventos de Guatecompras NOG: E 471497592 y E471497371, por las cantidades de Q.9 mil y Q13 mil 500.00, respectivamente.
El 24 de abril de 2020 se concretó la adquisición de mascarillas quirúrgicas para abastecer el Área de Salud de Santa Rosa y fueron dadas a la entidad mercantil representada por la Susana Marcela Berganza Sosa, con quien el sindicado procreó dos hijos.
Fraude y abuso de autoridad
La investigación también determinó que el doctor Manuel Víctor Martínez Olivet, intervino en los procesos de adquisiciones de baja cuantía a los cuales corresponden los comprobantes Únicos de Registro (CUR) 1797, 1798 1799 1800 y 1801, favoreciendo a la entidad denominada Grupo El Dorado, con nombre comercial de Gasolinera Las Palmas, por medio de los cuales, con fecha 2 de marzo de 2020, se adquirieron diversos tipos de llantas por un valor de Q107 mil 290.
Según el MP se usaron artificios para defraudar al Estado los cuales se detallan a continuación.
EI doctor Martínez generó y autorizó el 2 de marzo de 2020, los 5 procesos de compra de baja cuantía dentro del Portal de Guatecompras y fraccionó las adquisiciones en referencia, pese a que los bienes a adquirir, habrían sido solicitados en un mismo requerimiento, con lo cual eludió el proceso de cotización establecido en la Ley de Contrataciones del Estado en atención al monto que fue erogado.
Según el comunicado del MP, al realizar el cotejo en relación a otro evento de adquisición realizado con fecha 10 de agosto de 2020 dentro de la misma Unidad Ejecutora, esta vez a través de la modalidad de Cotización Pública, pudo determinarse la existencia de sobrevaloración en el precio pagado, evidenciándose una considerable diferencia en cuanto a los valores unitarios de las llantas de las mismas características que fueron compradas.
Agrega que dentro del evento cuestionado, se pagaron las cantidades de Q.825.00 y Q.820.00 respectivamente por cada unidad, mientras que los costos unitarios erogados en el proceso de contratación siguiente por llantas de la misma calidad, ascendieron a las sumas de Q.565.00 y Q.765.00
El 5 de febrero de 2020 se autorizaron 5 adquisiciones en la entidad mercantil Distribuidora AMG, S.A., bajo la modalidad de compra de baja cuantía, para adquirir estufas y accesorios con un monto de Q115 mil 750, y se evadió el proceso de cotización pública de ley.
Así mismo, el doctor Martínez autorizó 10 eventos bajo la modalidad de compras de baja cuantía para equipo de cómputo los días 20 y 23 de marzo de 2020 y fraccionó la compra a la entidad Amibla S.A, con un monto total de Q249 mil 387, y evadió la ley de cotización pública.
Según el MP, el doctor Martínez abusando de su cargo como Director de Área de Salud del Departamento de Santa Rosa, benefició ilícitamente a una entidad mercantil asociada a la madre de sus dos hijos menores de edad.
El Ex Funcionario Público sindicado en los hechos, utilizó el fraccionamiento como un mecanismo artificioso para defraudar al Estado de Guatemala, al eludir los procesos de adquisiciones públicas regulados en la Ley de Contrataciones del Estado.
La adquisición de llantas para la Unidad Ejecutora a su cargo, se realizó a precios sobrevalorados en relación a otras compras realizadas dentro del mismo ejercicio fiscal por parte de la Unidad Ejecutora bajo su dirección, defraudando el patrimonio público, así como conculcando los principios de prudencia y razonabilidad del gasto público.
