“Creo que hay que empezar de nuevo con un sistema sustantivamente distinto, donde el estado asuma el proceso de corrección y de control de las personas privadas de libertad, el estado y al respecto se haga acompañar de la sociedad, que es de donde vienen y van a regresar esos ciudadanos o ciudadanas que están privados de libertad, no se pueden dejar fuera de la estrategia a la sociedad, a las comunidades, a las empresas, a las instituciones, porque ellas son los que van a lidiar después con el que sale de la prisión”, aseveró.
Agregó que es necesario apoyarse también en la experiencia de la comunidad internacional, por lo que es una estrategia que incluye al Estado, a la sociedad y a la comunidad internacional; en el caso de esta última no solo por la experiencia sino porque una parte de los delitos son transnacionales, en donde la delincuencia que existe en un país tiene sus ramificaciones en otros.
Santana, coordinador de la Academia Regional Penitenciaria Dominicana (ARP), participó en una conferencia con autoridades del Ministerio de Gobernación para compartir la experiencia de su país y hablar sobre el apoyo que brindará al país en la reforma a la gestión penitenciaria del país.
El experto refirió que trabajó por 14 años para impulsar del modelo en su país, con el cual lograron reducir a 2.7% la reincidencia, ya que el modelo de las cárceles es civil, comunitario y estatal, el cual consiste en cero ocio y la educación es obligatoria.
Santa señaló que Guatemala ha está tratando de asumir una visión holística sobre el tema y ellos como ARP están dispuestos a acompañar.
Refirió que Guatemala tiene sus peculiaridades relacionadas con las modalidades del delitos y que es necesario que siga un modelo eficiente que ponga al estado en control de las prisiones y que se convierta en escuelas contra el delito y en espacios preparatorios para que las personas en conflicto con la ley regresen debidamente habilitadas para vivir en libertad en sociedad.
Agregó que las prisiones deben tener la visión de ser espacios humanos sustentados en la convivencia digna, en el estudio y en el trabajo, donde se da oportunidad a la participación de la familia y a la comunidad en el proceso de sanación del privado de libertad.
