El inicio del debate contra Nicolás Orrego Orrego, exalcalde de El Chol, Baja Verapaz, y excomisionado militar procesado por el caso Rancho Bejuco, fue aplazado este lunes por falta de un intérprete del idioma achí.

El Tribunal de Mayor Riesgo D negó la solicitud de los querellantes adhesivos para incorporar a la audiencia a su propio intérprete, quien daría apoyo a las víctimas que hablan achí.

Los jueces indicaron que la incorporación de un intérprete debió ser gestionada por el Ministerio Público (MP) durante la etapa intermedia del proceso.

El tribunal aplazó el inicio del debate y fijó como plazo las 13.30 horas para conocer la respuesta del Organismo Judicial (OJ) sobre la disponibilidad de un intérprete que pueda acudir a la audiencia programada para este día.

Lucía Xiloj, abogada de los querellantes, indicó que en el país únicamente tres personas están registradas ante el OJ como intérpretes de achí y que estas se encuentran en Baja Verapaz.

A criterio de Xiloj, esta situación podría ocasionar el aplazamiento de la audiencia contra el exfuncionario, quien, según la abogada, padece deterioro cognitivo.

El caso

Según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la masacre de 25 personas ocurrió el 29 de julio de 1982, cuando efectivos del Ejército lanzaron explosivos contra la vivienda de las víctimas y enterraron los cadáveres en una fosa común.

La información señala que la masacre ocurrió durante la aplicación de estrategias militares como la denominada “Tierra Arrasada”, que consistía en eliminar la base social de los grupos subversivos y que no hizo distinción entre mujeres, ancianos y niños de comunidades rurales del país.

El hecho ocurrió durante los 17 meses de gobierno del general golpista José Efraín Ríos Montt, cuyo mandato, de marzo de 1982 a agosto de 1983, es recordado como el más sangriento de los 36 años del conflicto armado interno, que se extendió de 1960 a 1996.

Según la información proporcionada, durante el régimen de Ríos Montt fueron masacrados mil 500 indígenas del norte de Guatemala. Por esos crímenes recibió una sentencia por genocidio en el 2013; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó la sentencia días después.

El conflicto armado interno de Guatemala dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos durante los 36 años que transcurrieron entre 1960 y 1996, cuando se firmó la paz.