Entre enero y diciembre del año pasado registraron 34 casos de secuestro, siendo junio y septiembre los meses cuando más reportes hubo.
Los departamentos con mayor incidencia fueron, Escuintla, Santa Rosa y Chimaltenango, con cuatro cada uno, Izabal y Sacatepéquez tres.
Los resultados fueron 78 personas capturadas, de los cuales 67 fueron hombres y 11 mujeres.
Según el jefe de la unidad especializada del MP, César Estrada, en 2016 recibieron unas 100 denuncias pero no todas eran reales, pues en su mayoría son situaciones vinculadas a adolescentes que tienen problemas con sus padres, discusiones de pareja, simulaciones, migrantes, privados de libertad o personas en estado de ebriedad.
“Sin embargo, todas las denuncias se reciben. Los casos se trabajan para determinar qué paso. Posteriormente se toman decisiones para buscarles salidas procesales, pedir solicitudes al juez y descartar todas probabilidades”, explicó.
De todos los casos atendidos, 23 eran víctimas mayores de edad y nueve eran menores. Dentro de las evidencias encontradas en los allanamientos están siete armas de fuego, 235 teléfonos celulares dinero y vehículos.
La Fiscalía documentó que los secuestradores solicitaron un total de Q10 millones 959 mil 750 a todas las víctimas, y fue pagado Q282 mil.
El Código Penal especifica que el castigo para el delito de plagio o secuestro es la aplicación de la pena de muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta se impone una pena de cárcel de 25 a 50 años de prisión.
La pena de muerte está establecida en la ley pero no ha sido aplicada desde 2000, cuando fueron ejecutados dos secuestradores mediante inyección letal.
En América son 15 países con la pena de muerte vigente, pero que no han ejecutado a ninguna persona desde 2008.
Entre ellos se encuentra Guatemala, además de Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Belice, Barbados, Trinidad y Tobago, Guyana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Granada.
