Justicia

Gobierno denuncia uso de Q461 mil para que bufete accionara contra guatemaltecos exiliados y piden auditoría contra MP, PGN, Finanzas

Secretario de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presenta solicitud de auditoría por posible uso de fondos públicos, en el gobierno pasado, para perseguir políticamente a guatemaltecos en el exilio. Secretario general del MP confirma que hizo requerimiento de defensa internacional a Giammattei.

Juan Gerardo Guerrero presenta solicitud para que se hagan audiorías en MP, PGN y Finanzas por uso de dinero público para investigar a guatemaltecos en el exilio. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

Juan Gerardo Guerrero presenta solicitud para que se hagan audiorías en MP, PGN y Finanzas por uso de dinero público para investigar a guatemaltecos en el exilio. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

El Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, solicitó este 7 de marzo una auditoría contra el  Ministerio Público (MP) y su secretario general Ángel Pineda, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y el Ministerio de Finanzas, por la supuesta contratación de un bufete internacional de abogados para investigar a dos guatemaltecos en el exilio.

La solicitud fue presentada por Guerrero en la ventanilla 33 del Centro de Gestión de Denuncias Ciudadanas de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en la que se expuso el caso.

Luego de presentar la denuncia, Guerrero atendió a los periodistas y dio detalles de la petición de auditorías que presentó en la CGC.

“Por instrucciones del presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, vengo a denunciar ante la población y ante la Contraloría General de Cuentas el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, mencionó Guerrero.

Afirmó que estos gastos fueron hechos en el gobierno anterior, obedeciendo a una solicitud del actual secretario general del MP, Ángel Pineda.

Hubo un oficio

“El 16 de noviembre de 2021 el secretario general del Ministerio Público, Ángel Arnoldo Pineda Ávila, dirigió un oficio al presidente de la República de aquel entonces, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero, utilizando como pretexto la defensa de los intereses del Estado”, leyó Guerrero en la denuncia.

“A pesar de que en ese oficio se acompañan únicamente publicaciones realizadas en redes sociales, el día siguiente la secretaria general de la Presidencia, por instrucciones del presidente —Giammattei—, ordena al procurador General de la Nación iniciar las gestiones necesarias para emprender la persecución política”, continuó Guerrero.

Más de Q460 mil mensuales

“Como consecuencia, el procurador General de la Nación inicia las gestiones necesarias para emprender dichas dichos actos ante el Ministerio de Finanzas públicas asignando de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 mensuales”, expresó Guerrero.

Guerrero Garnica dijo que la estrategia propuesta por ese bufete fue sometido a aprobación de la actual fiscal general Consuelo Porras.

“Por lo anterior, acudo en estos momentos ante la Contraloría General de Cuentas a solicitar auditoría al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas en relación con los actos anteriormente descritos ocurridos durante los años 2021 y 2022” señaló.

Reiteró que desde el actual Gobierno de Guatemala continúan revocando toda instrucción tendiente a  la persecución política de personas guatemaltecas exiliadas y de medios de comunicación por venganzas personales de funcionarios públicos.

Aseguró que el Gobierno se ha enfocado en estos momentos a los funcionarios públicos que posiblemente abusaron del poder.

Al funcionario se le preguntó si en la denuncia se incluía el nombre de la firma de abogados que se contrató y por cuánto tiempo y respondió que sí se incluía el nombre, pero que en estos momento se reservaban de hacerlo público. Dijo que no saben por cuánto tiempo fueron contratados estos abogados, pero eso es lo que se trata de establecer con la petición que se presentó en la CGC.

También se le preguntó a Guerrero sobre qué personas en el exilio se habían enfocado los esfuerzos de esta firma de abogados y respondió que son muchos los guatemaltecos y las guatemaltecas que han sido exiliadas por persecuciones políticas, pero que también se reservaban el derecho de identificarlos, aunque confirmó que fue contra dos personas.

Guerrero dijo que ubicaron ese oficio que envió Pineda porque el Procurador General de la Nación les advirtió de los hechos y desde esa institución y la Secretaría General de la Presidencia se empezó con las investigaciones y encontraron que en noviembre de 2021 comenzaron estas acciones.

Acciones penales

Al preguntarle a Guerrero si iban a iniciar acciones penales, este respondió que los motivos de la presente solicitud son el esclarecimiento de la utilización de recursos del Estado de Guatemala y que de allí se puedan emprender las demás acciones incluyendo acciones penales.

Se le consultó si habría alguna denuncia contra el expresidente Giammattei y dijo que va a ser importante la labor que realice la Contraloría, porque de ello podrán hacer las denuncias pertinentes.

Afirmó que la  Contraloría General de Cuentas tiene un mandato constitucional, que es velar por la calidad del uso de los recursos del estado de Guatemala y esperan haga su trabajo.

Pineda confirma solicitud

El secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, confirmó que solicitó el oficio al presidente Alejandro Giammattei y aseguró que no existe persecución política.

Según Pineda, en ese momento se había incluido en sanciones internacionales a varios funcionarios del Estado, incluyéndolo a él y a la Fiscal General del MP, Consuelo Porras. A su consideración, estas acciones internacionales fueron en contra de entes del Estado con el objetivo de socavar las investigaciones que llevaba el MP, y el Estado, al ser un único ente, tiene la potestad de ejercer una defensa.

Agregó que el oficio hace mención de dos personas en particular que se pronunciaban en redes sociales en ataque a la institución y quienes también habían manifestado la posibilidad de que se le incluyera a funcionarios de Guatemala en listas específicas; estás personas fueron la exfiscal general del Ministerio Público Telma Aldana y el exjefe de la FECI Juan Francisco Sandoval.

"La nota que se la hace llegar al señor Presidente —Alejandro Giammattei— va sobre la base de dos temas fundamentales: 1, que el Estado es único, a pesar de que la separación de poderes se da para efecto de actuación de funciones (...), el Estado es un único ente que al final de cuentas se ve afectado por acciones internacionales que no tienen fundamento jurídico, que no respetan un debido proceso y que la propia Organización de Naciones Unidas a través de su relatoría ha expresado que sanciones como esta son violatorias a todos los derechos humanos de las personas que ingresan a estas listas", dijo al referirse al oficio que enviaron al presidente en ese momento.

"Le hacíamos de conocimiento al señor Presidente para que él como representante de la unidad nacional y presidente de aquel momento y como jefe de Estado pudiese tomarlo en consideración para ejercer una defensa del Estado de Guatemala", agregó.

PGN emite comunicado

La PGN a través de un comunicado confirmó que recibió del presidente Bernardo Arévalo la revocación de la instrucción emitida en oficio de la Secretaría General de la Presidencia de fecha 17 de noviembre de 2021, en la cual el MP solicitó que "se efectúe la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática que ha devenido en la afectación del sistema de justicia de Guatemala, así como del bien común de la población derivado de las acciones de desprestigio internacional que han sido instigadas, en su mayoría, por estos dos ciudadanos guatemaltecos residentes en los Estados de América".

En el documento, la PGN señala que esta revocación muestra que el presidente Arévalo es "consciente de que no se puede coartar la libertad de expresión del pensamiento de cualquier ciudadano, resida o no en Guatemala, ya que es un derecho de todos cuestionar a cualquier funcionario".

La Procuraduría también aseguró que el Estado "no puedo, ni debe perseguir a quienes han emitido críticas dirigidas a individuos en el ejercicio de sus funciones públicas".

ESCRITO POR:

Julio Román

Periodista de Prensa Libre especializado en política, seguridad y justicia con más de 20 años de experiencia.

Leslie Sánchez

Periodista de Guatevisión. Trabajó en radio y televisión, cubriendo política, economía y derechos humanos. Tiene 5 años de experiencia.