Bajo la LAC las personas podrían aceptar cargos que el Ministerio Publico formule a cambio de obtener una rebaja en la pena, la cual debe ser acogida por el juez. Luego, quedará a disposición de la justicia para colaborar como testigo y resarcir a la víctima. El individuo seria sentenciado a ciertos años de prisión inconmutables.

El Cien estimó que por cada 5% de procesados que se acoja a la LAC, el OJ podría incrementar su eficiencia en 2.3 puntos porcentuales.

Quesada calificó la propuesta de muy innovadora y aseguró que tiene potencial para ser una herramienta que descongestione el sistema judicial y se reduzca la mora.

En 2017, un total de 67 mil 600 personas fueron vinculadas a proceso penal. De estas, 34 mil 109 de los casos fueron egresados y 14 mil 335 quedaron pendientes. Los procesos que quedaron sin resolverse se sumaron a la mora judicial que se ubicó en 134 mil 218 casos.

Saturación en presidios

Nydia Arévalo, directora del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), reconoce que la LAC ayudaría mucho a la institución que dirige, pues daría flexibilidad al proceso y la posibilidad de una ruta más expedita para que los interesados diluciden su  situación legal.  

No obstante, Arévalo señala que se requiere más análisis en los efectos a corto y mediano plazo que podrían provocar su aplicación.

La directora señala que la LAC podría agravar la situación de hacinamiento que experimentan las cárceles del país, pues toda la población que se beneficie con esta ley deberá cumplir una sentencia en prisión.

“Como está redactada la iniciativa, solo puede existir una resolución condenatoria y esta terminaría en prisión”, comentó.

La opinión de Arévalo  es respaldada por Gerardo Villamar, titular de la Defensoría del Debido Proceso de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

“Nuestro sistema penitenciario no está preparado para recibir a todos los privados de libertad que vendrían de la aplicación de la LAC. Estamos hablando que actualmente hay casi 25 mil privados de libertad, la mitad guardando prisión preventiva y el sistema de presidios fue diseñado para acoger 9 mil”, confirmó el defensor.

Villamar aseguró que el sistema de presidios ha sido abandonado y su capacidad excedida por mucho desde hace décadas. 

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