El Ministerio Público (MP) confirmó haber recibido varias denuncias de los togados, la mayoría del área metropolitana.
“En las audiencias nos vienen a dejar pliegos de peticiones y nos dan plazo para que las cumplamos, principalmente los integrantes de la Mara Salvatrucha”, explicó Verónica Galicia, titular del Juzgado de Ejecución de Medidas de Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal.
Recordó que unas semanas antes en una audiencia un adolescente le entregó una lista con demandas, entre las que se incluía mejorar la alimentación, más encomiendas, que se alargara el tiempo de recreación y visitas conyugales.
En una segunda oportunidad, en la judicatura, el joven le dijo que se había acabado el plazo, y que roto el diálogo se desataba la guerra. “¡Bueno, si guerra quiere, guerra tendrá!, dijo exaltado el muchacho, traté de calmarlo y respondí: aquí no hay ninguna guerra. Pero no había pasado ni cinco minutos y se escucharon disparos”, narró.
Según Galicia, en esa ocasión la Policía capturó, a pocas cuadras de la sede judicial, a un hombre que se encontraba dentro de un parqueo con varias armas de fuego.
Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, indicó que el 18 de mayo último dentro de un parqueo en esa zona, se detuvo por portación de varios fusiles a Derick Roberto Kiesling Barrios, de 21 años.
“El incidente ocurrió cerca del Juzgado de Adolescentes en Conflicto, el detenido tenía en su poder dos fusiles AK-47 y uno M-16, con los que se presume perpetraría un ataque armado. También le decomisaron chalecos de una empresa de seguridad privada”, aseveró Aguilar.
Además de las intimidaciones directas en las audiencias, aseguraron que la Corte Suprema de Justicia incrementó la seguridad en el edificio por que ese grupo delincuencial amenazó con varios ataques armados, por no haber cumplido con sus requerimientos.
“A nosotros nos incrementaron la seguridad. Recuerdo que iba en carretera, recibí una llamada de alerta de que cuatro hombres armados nos rodeaban y tuvimos que regresar”, dijo Galicia.
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La jueza señaló que aunque han bajado las amenazas verbales de los internos, la Policía no los ha trasladado por falta de combustible. Sin embargo, teme que se incrementen por un posible diálogo o alianza entre la Mara Salvatrucha y Barrio 18.
El MP descartó que pueda haber una alianza entre las maras, debido a la lucha de poder que mantienen.
La Fiscalía de Derechos Humanos indicó que de enero a julio han recibido 19 denuncias de jueces por amenazas, sin revelar los nombres por estar en investigación los casos.
Luego del amotinamiento del 3 de julio pasado en el Centro Juvenil de Detección Provisional Gaviotas, donde hubo tres muertos y ocho internos heridos, las autoridades de Bienestar Social no ha brindado ninguna información oficial sobre fugas.
Una fuente extraoficial comentó que algunos monitores que laboran en el lugar indicaron que hubo fugas, pero no se conoce el número. Otra fuente indicó que se habla de al menos tres adolescentes que se escaparon.
