Hoy, el diputado Manuel Barquín del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) explicó que acompañó a una entidad que tiene su sede en Petén para apelar la suspensión y, otras 37 empresas de seguridad se sumaron a la acción.
El congresista dijo que el argumento que le presentaron al juez es que al cerrar las empresas, son 10 mil empleos los que se pierden y afecta directamente a los guardias de seguridad.
La Digessp advirtió que las empresas que no cumplieron con la Ley tienen registradas unas 8 mil 500 armas de fuego y a unos cinco mil personas que trabajan como guardias privados.
Las armas de las empresas que están autorizadas debieron ser depositadas en la Dirección General de Control de Armas y Municiones, señala la Digessp. La Digessp publicó en su sitio el nombre de las empresas que están próximas recibir la liencia para operar.
Consecuencias
El 29 de agosto de 2012, concluyó el plazo para que las cerca de 141 empresas de seguridad se adecuaran a los que refiere la normativa. Algunas empresas comenzaron su proceso, por lo cual la Digessp extendió las referidas licencias.
El dejar fuera a 40 empresas, hizo que los propietarios presionaran para que destituyeran a la directora de la Digessp, Patricia Monge.
Seguridad privada en Guatemala: “El que a hierro mata, a hierro muere”
José Miguel Ramírez fue a cazar iguanas a una granja de melones y eso le costó la vida. El cadáver del muchacho de 19 años fue arrojado a un riachuelo con una herida de bala sobre el ojo izquierdo.
No se ha esclarecido lo que sucedió y ya nadie intenta hacerlo. Los guardias de seguridad a quienes se les atribuyó el crimen no fueron juzgados. Un testigo que dijo haber visto el homicidio se retractó. En un país con un promedio de 100 asesinatos por semana, la muerte casi no generó revuelo.
El caso de Ramírez, cuyo cadáver fue hallado afuera de la plantación ZacapaEx en marzo del 2013, revela lo complejo que es el tema de la seguridad y la justicia en Guatemala, donde hay cinco guardias privados por cada policía y una altísima tasa de delincuencia acompañada por niveles de impunidad igualmente elevados.
Quienes están en condiciones de hacerlo, pagan por la seguridad que el estado no es capaz de ofrecer, el resto toma la justicia en sus propias manos. “No llamas a la policía. Lo resuelves tú mismo”, afirmó Frank Moseley, analista de temas de seguridad privada basado en Guatemala.
Ramírez, un campesino padre de un hijo y cuya novia estaba embarazada, salió de caza con dos cuñados un domingo. Llevaba una honda en un bolsillo. Se alejaron de sus modestas casas junto a un arroyo lleno de basura en busca de alimentos: cerdos, iguanas verdes, lo que fuera.
ZacapaEx es una de las grandes granjas productoras de melones que la gente de la zona promueve como los más dulces de América Central. La empresa es una importante fuente de empleos en el oriente guatemalteco, donde las oportunidades laborales escasean.
La gente de la región trabaja por temporada en los campos y empacando el producto, o es empleada como guardia para patrullar las haciendas y protegerlas de asaltantes que se llevan de todo, desde frutas hasta neumáticos y equipo agrícola.
Ramírez acababa de ingresar a terrenos de la hacienda tras cruzar el alambrado cuando sonaron disparos y recibió un balazo, según relataron sus cuñados, quienes se escondieron y vieron cómo tres individuos vestidos con ropa de calle y un cuarto con un uniforme de guardia arrastraban el cuerpo y lo tiraban del otro lado del cerco, fuera de la propiedad. Llamaron a la policía, que encontró el cadáver de Ramírez con su gorra de béisbol que decía Daytona 500 posada sobre su estómago. De la boca le salía espuma y había un rastro de sangre que hacía pensar que el cadáver había sido arrastrado.
Días después la policía arrestó a tres hombres que fueron identificados por los cuñados de Ramírez. Uno de ellos era Ángel Aldana Cruz, de 26 años y quien supuestamente había participado en el episodio. Las autoridades describieron a los sospechosos como guardias de la granja, aunque los individuos afirmaron que solo hacían trabajos menores. Posteriormente las autoridades detuvieron a una cuarta persona, un guardia de una empresa de seguridad privada, Gevas, contratado para vigilar la hacienda.
Pasadas algunas semanas, los cuatro fueron liberados y se determinó que ZacapaEx no había incurrido en falta alguna.
La familia de Ramírez fue visitada por Osmany Girón, director de operaciones de la empresa melonera. Girón conocía a la familia, según dijo a la Associated Press, porque dos de las hermanas de Ramírez habían trabajado para él durante la cosecha. Le entristeció saber que Ramírez tenía un hijo de 14 meses. Les llevó tamales, pan y una “pequeña” cantidad de dinero para la familia.
La madre de Ramírez, Odilia del Carmen Sintuj, declaró a la AP que estaba demasiado acongojada como para prestar atención a las visitas de Girón. Recuerda que le prometió ocuparse de ella. La compañía, indicó, la ayudó a ir a un hospital para tratarse de una diabetes y le llevó medicinas.
Semanas después, Girón le pidió a ella y a su marido, Esteban Ramírez, que lo acompañasen a una oficina. Querían que firmasen un documento, a pesar de que ninguno de los dos podía leer o escribir. Dijo que la firma les dio el equivalente a 4.500 dólares.
Una fiscal que se encontraba en el lugar, relataron, los alentó a que firmasen, asegurando que era la mejor solución que podían esperar. Les dijo que no valía la pena acudir a los tribunales y los exhortó a aceptar lo que ofrecía la empresa melonera. “No hay nada aquí”, aseguró, según Sintuj. “Si quieren ayudar, aprovechen”.
La pareja firmó el documento estampando sus huellas digitales, pero nunca supieron qué era lo que firmaban. No sabían que estaban librando de toda culpa a ZacapaEx y a los tres sospechosos y comprometiéndose a no acudir a los tribunales. La fiscal del caso, Olga Hernández, desistió de hablar con la Associated Press y tampoco devolvió llamadas telefónicas.
Girón rechaza la versión de los eventos que dio Sintuj y dice que no sabe nada de documentos ni de indemnizaciones. En cuanto a la muerte de Ramírez, afirmó que ZacapaEx no tuvo nada que ver, que los tres trabajadores de civil no eran guardias y que ningún guardia hubiera portado armas en la hacienda.
Policía privada en América Latina
Los investigadores inicialmente confiscaron las armas de tres de los sospechosos, pero no la de Aldana Cruz, que habría sido el que hizo los disparos. Exámenes balísticos revelaron que las armas no habían hecho disparos.
La declaración jurada en la que Mario Ramos, cuñado de Ramírez, identificó a los tres sospechosos el día del incidente ante la policía fue retirada y el cuñado se retractó. Ramos le dijo a la AP que un desconocido se le acercó y le advirtió: “Si decíamos que quién había sido, que quién había participado, nos podían quitar la vida a nosotros más después”.
Poco después, Ramos firmó documentos diciendo que no estaba seguro de las identidades de los sospechosos porque no les había visto el rostro. Sostuvo que era su única opción. “Me duele la muerte de mi cuñado, lo que le hicieron”, expresó. “Es como que a usted le maten un familiar y haya reconocido a la persona y llegan a amenazarla también y le digan, mire, usted no va a decir nada porque si lo hace lo van a matar a usted también” '.
Aldana Cruz y los otros dos individuos fueron excarcelados y se les devolvió el dinero de la fianza. Mario Antonio Santiago Carranza, el guardia acusado de ser cómplice, fue absuelto. Pero ahí no terminó todo.
Una semana después, Carranza patrullaba la granja cuando alguien que pasaba en una motocicleta lo mató de un tiro.
Igual que en el caso de Ramírez, el asesinato no ha sido resuelto, aunque un representante de la firma de seguridad Gevas insinuó que los amigos y cuñados de Ramírez eran los responsables y los tildó de “criminales”. “Falleció una persona inocente por algo que no hizo”, afirmó Alba Rosa Asturias, representante legal de Govas.
La familia de Ramírez niega papel alguno en la muerte de Carranza, aunque considera que se hizo justicia. “El que a hierro mata, a hierro muere”, dijo Ramos.
