El responsable de la Subdirección General de Investigación Criminal  (Sgic) de la PNC, Stu Velasco, explicó en rueda de prensa que además de la alerta girada a 198 países miembros de la Policía Internacional  (Interpol), también existen alertas migratorias para evitar que el directivo del balompié salga del país.
“La instrucción del Ministerio de Gobernación es concentrar todos los esfuerzos para hacer efectiva la captura y hay tres equipos destacados”, detalló el funcionario.
Entre ellos mencionó al Centro de Operación Contra el Crimen Organizado de la PNC, el cual “está enfocado en la búsqueda de Jiménez”, manifestó, aunque no precisó la cantidad de agentes encargados.
Velasco recordó que en los tres allanamientos realizados el pasado fin de semana en conjunto con fiscales del MP no se localizó al prófugo de la justicia.
Por su parte, la secretaria general del Ministerio Público  (MP-Fiscalía), Mayra Veliz, dijo que la localización y captura del expresidente de la Federación de Fútbol está en manos de la Policía.
La detención de Jiménez con fines de extradición fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo acusa de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero, por su supuesta participación en un nuevo caso de corrupción dentro de la FIFA.
Según la Justicia estadounidense, como presidente de la Federación, Jiménez aceptó junto con Héctor Trujillo, secretario general de la entidad y magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad  (CC), un soborno de “seis dígitos”   por los contratos de televisión de los partidos de calificación para el Mundial de 2018.
En este caso también se implica al guatemalteco Rafael Salguero, exalto dirigente de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol  (Concacaf) y de la FIFA.
En febrero de 2014, Jiménez y Trujillo negociaron con la empresa Media World un nuevo acuerdo por los derechos de televisión para la clasificación al mundial de Qatar 2022, por el cual ambos recibirían un pago de 200 mil dólares.
Jiménez percibiría, según la investigación del Departamento de Justicia, otros 200 mil dólares adicionales.