Los pobladores, vecinos de San José del Golfo y de San Pedro Ayampuc, que se oponen a la mina, por considerar que es contaminante, se sentaron frente a la entrada de las instalaciones.

Algunas mujeres oraban en busca de detener el avance de los agentes, quienes tenían la orden de desalojar el área.

Al llegar donde estaba el grupo de inconformes, comenzaron a retirarlos a empujones y esto desencadenó forcejeos, gritos e insultos.

Algunos manifestantes comenzaron a lanzar palos, piedras y varios objetos, y la Policía respondió con gas lacrimógeno.

Hora y media duró el enfrentamiento, en el que resultaron intoxicados niños, mujeres y ancianos por el gas lacrimógeno.

También el subcomisario Feliciano Cruz Vásquez, de 41 años, un oficial segundo, 13 agentes de la Policía y 11 civiles —ocho de ellos de gravedad—, resultaron lesionados y fueron llevados a hospitales y centros de Salud.

Varios de los manifestantes dijeron que habría más personas heridas, aunque no precisaron el número.

Agentes uniformados, mujeres y hombres de diferentes comisarías, que no portaban bocachas para lanzar gas, recogían las piedras que los inconformes les lanzaban y se las devolvían de la misma forma.

Esto hizo retroceder al grupo en resistencia y, junto con sus líderes, huyeron por el camino hacia San Pedro Ayampuc. Otros se quedaron en una loma, desde donde lanzaban algunos objetos.

A las 15.30 horas, las autoridades dejaron expedita la entrada y tomaron el control del lugar.

Bajaron la retroexcavadora que removió escombros y árboles que tapaban el paso a la mina.

Pedro López García, subdirector de operaciones de la Policía, expuso que seguirán en el lugar unos cien agentes antidisturbios para impedir más acciones de los inconformes.

Mario Minera, delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), quien observó los acontecimientos, afirmó que fue repudiable la acción policial.

Añadió que como delegados de la magistratura de conciencia, siempre pidieron mantener una actitud de diálogo.

Refirió que un grupo de la PDH se encargó de reunir a varios niños que resultaron intoxicados y llevarlos a un sitio alejado del enfrentamiento.

Posturas

Dennis Colindres, vocero de la mina El Tambor, expresó que los manifestantes no quisieron dialogar y mantuvieron una posición radical.

“Lo que creemos es que existe desinformación, y eso genera molestias, pues ignoran los beneficios que puede darles la mina”, explicó.

Anoche, directivos de la Cámara de Industria de Guatemala, en conferencia de prensa, respaldaron el desalojo de las fuerzas de seguridad, al considerar que cumplieron con el deber del Estado de garantizar varios derechos, entre ellos el de la libre locomoción.

Fernando López, presidente de dicha cámara empresarial, cuestionó que llegaran personas con menores e incluso bebés en carruajes, y que hubo un “abuso del derecho de protesta”.

Yolanda Oquelí, representante del movimiento en resistencia, antes de los disturbios, señaló que durante dos años y tres meses mantuvieron un movimiento pacífico en el lugar.

Agregó que tuvieron un diálogo abierto. “No creemos que con violencia se solucionen nuestras demandas”, aseguró.

Por la tarde, varias organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos convergieron frente A Gobernación, en la zona 1, donde gritaron consignas contra esa cartera y exigieron el retiro de la Policía de La Puya.

No existe voluntad

El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo ayer que han pasado más de dos años de diálogo con los vecinos y no se ha podido llegar a un acuerdo.

“No hay voluntad de llegar a nada. Lo que se hizo fue acudir a una solicitud de apoyo porque estaba bloqueado el acceso, y para nosotros la libre locomoción es un derecho que todos tienen”, enfatizó.

López Bonilla explicó que existe una certeza jurídica con la empresa minera y utilizaron procedimientos legales para evitar una confrontación.

“Seguimos los protocolos para que la gente cambiara de actitud, porque la libre locomoción la garantiza la Constitución, pero después de varios llamados se les advirtió de que íbamos a intervenir, y ante la negativa actuamos y liberamos el paso”, enfatizó.

Agregó que ayer se decomisaron machetes y otros enseres como refrigeradoras, una planta eléctrica y otros objetos que se encontraban en champas instaladas en la entrada de la mina.

PROYECTO EL TAMBOR
Desde hace más de dos años, la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala comenzó a operar en La Puya.

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Antecedentes

Desde el 2 de marzo de 2012 los pobladores de las comunidades tomaron acciones en rechazo la mina y bloquearon la entrada a la compañía pues instalaron chozas en el camino.

Los inconformes piden que se haga una consulta de vecinos para saber si el pueblo acepta este proyecto.

Hace una semana los pobladores denunciaron que el Gobierno ha incumplido con entablar diálogos en busca de acuerdos para solventar este problema.

Durante el primer año de resistencia, se registraban pérdidas por casi US$3 millones (Q24 millones) para la empresa, puesto que debe invertir en el mantenimiento sin poder operarla.

En ese lapso de tiempo, la paralización de la empresa también generó pérdidas entre 8 a 10 millones de dólares en regalías para el Estado.