Según la Fiscalía, fue la Fundación para el Desarrollo Institucional de Centroamérica quién cubrió los costos de la capacitación, a través de transferencias bancarias realizadas entre el 28 de septiembre del 2015 y el 21 de octubre del mismo año.

La información en poder de la Fiscalía detalla que Morales y Cabrera participaron en un simulacro de la capacitación, para lo cual la Fundación G pagó Q118 mil 796.16, mientras que la empresa The Lemond Ad, Sociedad Anónima pagó Q20 mil por la logística del evento de capacitación.

El informe que fundamenta la solicitud de antejuicio contra Morales también menciona que el vicepresidente Cabrera recibió una capacitación de la empresa Communication Consulting Group, Sociedad Anónima, por la cual la Fundación G pagó Q47 mil 270.

En total, la Fiscalía señala que se tiene información de unos Q359 mil 889 que fueron pagados por la Fundación G, para Morales y Cabrera, sin que nadie registrara estos aportes al partido, lo que se constituye en financiamiento ilícito.

Esta es la segunda oportunidad en que el MP y la Cicig plantean un antejuicio en contra del gobernante. El 25 de agosto de 2017 Morales fue denunciado por financiamiento electoral ilícito. El caso llegó hasta el Congreso, donde la solicitud del retiro de la inmunidad fue rechazada y archivada por 104 votos de diputados en contra y solo 25 a favor, el 12 de septiembre de 2017.

“Nosotros hemos cumplido”, se refirió Porras, al ser consultada por la seguna vez en que es denunciado el mandatario por financiamiento dudoso. “Estamos cumpliendo con hacer los planteamientos correspondientes y de conformidad con la ley”, dijo la fiscal general.

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