Magistrados de la CC ordenan postuladoras evitar retraso y respetar los plazos para la renovación de las Cortes

La Corte de Constitucionalidad (CC) fijó una postura sobre el actual proceso de renovación de Cortes. El tribunal otorgó un amparo en el que ordena a las comisiones de postulación entregar a tiempo las nóminas de candidatos o de lo contrario los comisionados serán responsables en procesos civiles y penales.

La decisión del máximo tribunal surge luego de conocer una acción legal promovida por el diputado José Chic, del bloque Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS). Lo que reafirma la próxima renovación judicial en los plazos que dicta la Constitución.

Las postuladoras, tanto de Corte Suprema de Justicia (CSJ) como de Corte de Apelaciones, comenzaron a sesionar hace tres semanas, pero no han terminado su primera sesión porque no existen los acuerdos para definir sede o modificar la agenda que permita avanzar en otros puntos.

El proceso de renovación de Cortes para el periodo 2024 – 2029 ya ha sido discutido por la actual CC. Dicha instancia ha rechazado amparos e inconstitucionales que buscaban frenar la renovación del Poder Judicial reafirmando que los nuevos funcionaros deben asumir el cargo el próximo 13 de octubre.

La resolución ordena a los comisionados cumplir con los plazos, objetivos y mecanismos para la elaboración de las nóminas. Así como abstenerse de realizar actos e incurrir en omisiones que puedan derivar en el retardo de la entrega de candidatos al Congreso de la República.

No cumplir con los plazos de ley traerá consecuencias legales para los comisionados. “Las ordenes anteriores se emiten bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, incurrirán en las responsabilidades civiles y penales correspondientes”, indica el documento.

La resolución de la CC que garantiza el cambio de autoridades judiciales se emitió de manera unánime. En la decisión participaron los cinco magistrados titulares: Nester Vásquez, Leyla Lemus, Dina Ochoa, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto.  

Reacciones

La comisión de postulación para CSJ dio lectura a la resolución del amparo provisional a favor de Chic. Algunos decidieron pronunciarse ante la orden constitucional que les fija cumplir con su tarea y evitar retrasos que podrían afectar en la renovación del Poder Judicial.

Alejandro Arenales, decano de Universidad del Istmo, indicó que la postura de la CC es de importancia. Asegura que deben definir de una vez por todas la sede de la postuladora, que ha afectado el ritmo de trabajo. 

“Lo primero es tomar nota y conciencia de lo que este amparo significa para esta comisión. Imprimirle celeridad a los actos que son conducentes para nuestra labor, como lo es la certeza de la sede”.

También Luis Fernando Cabrera, decano de Universidad Mesoamericana, indicó que la postura constitucional no puede pasar por alto. “Es de urgencia, se hizo de conocimiento la resolución de la CC. No la podemos ignorar, existe una orden del máximo tribunal constitucional que nos exige cumplir los plazos”.

Los presidentes, la mayoría de los decanos y un grupo minoritario del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), buscan que la sede sea la Universidad Rafael Landívar (URL). Indicando que un cambio de sede podría afectar el ritmo de trabajo de la comisión que ya tiene retrasos.

Los que han buscado trasladarse al Palacio de Justica y más recientemente al Congreso de la República, han sido los magistrados y el grupo mayoritario del CANG.

Roberto Hernández, magistrado y secretario de la comisión de CSJ, consideró que no han existido retardos mal intencionados a lo interno de la postuladora. “Hemos tenido diálogos constitucionales, diálogos democráticos donde hemos defendido nuestras posturas”.

El magistrado José Ortiz, también consideró que han trabajado en estas semanas. “Creo que hemos ido avanzando con los diferentes temas que nos atañe”, a este momento la postuladora no ha terminado su primera sesión y solo ha fijado su reglamento y escuchado a sectores sociales.

¿Nueva prolongación de funciones?

En el 2019 los magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones no entregaron los cargos como dicta la constitución. Por el contrario, mediante una consulta buscaron el respaldo de la anterior CC quien resolvió que debían seguir en el cargo hasta que los nuevos funcionarios fueran electos.

Esta mecánica continuó por cuatro años, porque fue hasta noviembre del año pasado, en un Congreso dominado por el bloque Vamos que eligió a los actuales magistrados, quienes prestaron juramento para el periodo 2019 – 2024.

En declaraciones de Oscar Cruz, presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la CSJ, los magistrados buscan retrasar de manera mal intencionada las postuladoras. La razón, a criterio de Cruz, porque no desean entregar los cargos.

Esta misma lectura sostiene grupos de observación como Guatemala Visible y Movimiento Pro Justicia. Pero con la actual resolución Constitucional se reafirma la imposibilidad de repetir el mismo escenario del 2019, debido a que los comisionados responsables podrían caer en responsabilidades civiles y penales.