La solicitud formal de extradición en contra del exministro López Bonilla fue recibida por el MP el viernes 23 de junio pasado.
El exministro de Gobernación afirmó que durante su gestión todo lo relacionado a narcotráfico era de conocimiento de EE. UU., país que ahora lo acusa de trasegar droga.
La acusación la Fiscalía de Estados Unidos la hizo a finales de febrero pasado en una corte de Nueva York, donde lo acusó de narcotráfico.
Según EE. UU., López Bonilla conspiró, junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, para trasladar cinco o más kilogramos de cocaína a ese país.
El 8 de enero pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó por separado las acusaciones contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, ante la Corte del Distrito de Columbia, en la cual se señala a ambos exfuncionarios guatemaltecos por acciones relacionadas con tráfico de drogas.
En el expediente se indica que Baldetti y López Bonilla habrían colaborado con traficantes de cocaína que desde el sur del continente trasladaban el alcaloide hacia territorio estadounidense, y que su vínculo podría haberse originado en el 2010 y mantenido hasta el 2015.
La información llegó a la embajada de ese país en Guatemala el 22 de febrero, y dos días después se hizo pública.
Mauricio López Bonilla y la exvicepresidenta Roxana Baldetti son los exfuncionarios del gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) con más procesos penales en su contra, por supuestos hechos de corrupción durante la referida administración.
Otros casos contra el exministro de Gobernación
El Juzgado Noveno Penal ordenó que el exministro enfrente proceso por peculado por uso y cohecho pasivo, en la investigación denominada Patrullas.
El caso se divide en dos fases. La jueza Silvia Morales decidió ayer que López Bonilla y otras ocho personas permanezcan en la cárcel mientras la Fiscalía concluye la investigación en su contra, mientras que otros nueve fueron beneficiados con arresto domiciliario por fianzas que llegan a montos de hasta Q25 mil.
El exministro es sospechoso de haberse beneficiado con Q3.8 millones de los Q12 millones que la dependencia a su cargo destinó para la reparación de autopatrullas al servicio de la Policía Nacional Civil.
El segundo caso se denomina Blindados, por el supuesto arrendamiento irregular de 47 vehículos blindados que serían ocupados por la cartera del Interior para el transporte de funcionarios, investigadores y testigos de casos de alto impacto.
El contrato que se otorgó a la empresa que fue beneficiada ascendía a Q32 millones.
El último proceso penal de López Bonilla, en el cual también está vinculada Baldetti, es el que se denomina Cooptación del Estado de Guatemala, en la fase llamada La Cooperacha.
Cada uno de ellos, por su posición en el gobierno del PP, habría realizado diferentes funciones. En general, el MP describe que la investigación se hizo en contra de una supuesta red que se habría beneficiado con comisiones ilegales por haber entregado contratos a empresas que en el 2011 financiaron la campaña del referido partido político.
El exministro pudo haber recibido soborno por la contratación de la empresa Escorpión para brindar seguridad a las sedes del Registro Nacional de las Personas (Renap) y utilizar parte del dinero para comprar regalos lujosos al expresidente Otto Pérez Molina. Baldetti es señalada como la artífice de la estructura, la cual habría comenzado a operar en el 2007.
Roxana Baldetti enfrenta varios procesos
En el caso Cooptación también se hacen señalamientos contra Baldetti por haber dado en usufructo un terreno de la Empresa Portuaria Quetzal a la entidad Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), la cual habría entregado US$30 millones de soborno a las autoridades. A esa fase del caso se le denomina TCQ.
Boletín de prensa: Roxana Baldetti y Mauricio López Bonilla
acusados en Corte de #EEUU pic.twitter.com/vfvRz4OxeC— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) February 24, 2017
Baldetti también es sospechosa en el caso de defraudación aduanera llamado La Línea, que se habría beneficiado con comisiones ilegales cobradas a importadores, a quienes se les reducía el pago de impuestos y sus contenedores eran revisados con menos controles.
En contra de la exvicemandataria también hay otro proceso por la compra de un líquido que sería utilizado para limpiar el agua del Lago Amatitlán, al cual se le denomina Agua Mágica.
Otros funcionarios del PP que afrontan la justicia son Pérez Molina, Rudy Gallardo, exdirector del Renap, y la exdiputada Daniela Beltranena.
