El fallo se fundamentó en la Ley del Ejército, según la cual las decisiones de esa institución son verticales, lo que significa que el alto mando siempre está enterado de lo que ejecutan sus subalternos, explicó Gálvez.
“El Ejército no puede estar dividido, no funciona como otra institución. En su jerarquía, las decisiones son verticales, así que cada una de las órdenes que les asignaban a los subordinados también son responsabilidad de los mandos superiores”, expuso el juez en la audiencia.
Gálvez recordó que tanto el Ministerio de la Defensa como la Policía Nacional Civil (PNC) son instituciones distintas a otras, ya que sus decisiones no se discuten, se cumplen, pues no son deliberantes.
También se refirió a que el orden jerárquico y la disciplina son la base fundamental para la toma de decisiones en la estructura militar.
“El subordinado cumple las órdenes, es sinónimo de autoridad, es una orden en cadena que es una categoría que se le atribuye al personal militar”, expuso el juez.
Explicó que al publicar la proclama cuando Ríos Montt asumió el poder se estableció que él era el ministro de la Defensa, así como otros militares fueron ministros de Gobernación y de Comunicaciones, con lo que quedó establecida la línea de mando.
Con ese razonamiento, el juez tiró por la borda el argumento que presentó Danilo Rodríguez, abogado de Ríos Montt, quien aseguró que su defendido no se enteró de las masacres ocurridas en el Triángulo Ixil durante su administración.
El Ministerio Público acusó a Ríos Montt de haber sido el autor intelectual de 15 de las 72 masacres ocurridas en Chajul, Cotzal y Nebaj, Quiché, y del desplazamiento de 29 mil personas.
Abandona sala
En el momento en que Gálvez emitió la resolución con la que envía a juicio a Ríos Montt y a Rodríguez Sánchez, Zury Ríos, hija del ex jefe de Estado, salió de la sala de audiencias y no terminó de escuchar la decisión judicial.
Su salida intempestiva se debió a que no quería dar declaraciones a los periodistas, que intentaron abordarla, pero los esquivó.
Durante los tres días que duró la audiencia para determinar si los militares retirados enfrentarían debate, la hija del general permaneció en todo momento junto a él.
Ella y familiares de Rodríguez Sánchez se sentaban lejos del resto del público —activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas—.
Ayer, la exdiputada tuvo que sentarse entre los familiares de las víctimas, ya que el salón, situado en el 14 piso de la Torre de Tribunales, estaba abarrotado de gente que llegó para escuchar un fallo calificado de “histórico” por defensores de derechos fundamentales.
Cuando Gálvez dio a conocer su decisión, varios familiares de las víctimas de las masacres rompieron en llanto y exigieron justicia.
Al concluir la audiencia, quienes pedían que fuera enjuiciado Ríos Montt aplaudieron, y afuera del edificio quemaron cohetillos.
Ríos Montt no se inmutó al conocer el fallo y siguió escuchando la resolución del juez con rostro sereno. Solo sonrió por momentos al buscar el elevador para salir de la sede judicial.
Al final de la audiencia, el ex jefe de Estado evitó dar declaraciones a la Prensa.
“Cada cosa que diga será usada en mi contra. Esto es cosa de abogados y yo no soy abogado”, se limitó a contestar mientras era custodiado por la seguridad de la PNC que tiene asignada y por la de su abogado.
En el pasillo, entre la Torre de Tribunales y la Corte Suprema de Justicia, activistas colocaron fotografías de desaparecidos durante el gobierno de facto de Ríos Montt. A primeras horas se celebró un ritual para pedir justicia en el tres Tijax, día maya del relámpago.
Fallo histórico
Organizaciones de derechos humanos manifestaron su complacencia al saber que los militares retirados enfrentarán juicio.
La decisión de un juez de someter a debate oral y público al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt, por genocidio y deberes en contra de la humanidad, constituye un paso fundamental para la justicia, “por los abusos del pasado en Guatemala”, indicó ayer Human Rights Watch en un comunicado firmado por Miguel Vivanco, director de esa organización cuya sede se encuentra en Washington.
“Hasta hace poco, la idea de que un general guatemalteco fuera juzgado por estos delitos atroces parecía absolutamente inverosímil”, se lee en el documento.
“Que un juez haya sometido a juicio a un ex jefe de Estado de facto representa un acontecimiento notable en un país donde tradicionalmente las atrocidades del pasado han quedado impunes”, señaló.
Marcia Méndez, de la Asociación Familiares De Detenidos Desaparecidos de Guatemala, calificó el fallo como una resolución histórica en favor de las víctimas que murieron a manos del Ejército.
“Para nosotros, después de tantos años, es un triunfo, y con esto se demuestra que sí existe voluntad política y compromiso en el tema de justicia”, expresó Méndez.
Apelarán decisión
Francisco Palomo, uno de los defensores de Ríos Montt, adelantó que apelarán el fallo, ya que no argumentó sobre la participación del militar y si este había ordenado la masacre de la etnia maya-ixil.
“Lo que esperamos es un juicio justo, no un linchamiento”, insistió Palomo, quien anticipaba una resolución de esa índole, debido a la “gran presión internacional y por el tema mediático”.
Danilo Rodríguez, otro abogado del militar retirado, afirmó que Gálvez obvió en la Ley del Ejército la parte de las responsabilidades, ya que insisten en que cada uno de los operativos militares es responsabilidad de los comandantes de zonas militares.
Ríos Montt había detenido la audiencia por casi un año, gracias a varios recursos judiciales, luego de haber quedado ligado a proceso el 26 de enero del 2012.
Según el Código Penal, el delito de genocidio contempla una pena de entre 30 y 50 años de cárcel, y el de deberes en contra de la humanidad, 30.
