Esa lentitud es consecuencia de una lluvia de acciones legales que ha presentado la Reforestadora de Palmas de El Petén, Sociedad Anómima (Repsa), única empresa señalada en el caso penal, según ambientalistas y líderes comunitarios.

El único avance, aunque un año después del fenómeno, es que el ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) emitió dos sanciones administrativas contra la empresa por la falta de instrumentos ambientales  aprobados y porque algunas de las actividades no fueron autorizadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental.

Son las 11 horas del primer viernes de julio último, las actividades de la población de Sayaxché se desarrollan con normalidad, aunque persiste  la angustia en más de 117 familias que fueron afectadas por la mortandad,  pues dependían de la pesca para sobrevivir.

Muchos, según coordinadores de las comunidades, perdieron sus viviendas por deudas, pues subsisten de la pesca.
“Perdieron sus hogares por deudas en el banco, al no tener el trabajo se quedaron en la nada. Las familias siguen de brazos cruzados, sin poder hacer nada”, aseveró Evaristo Carmenate, dirigente de pescadores locales.

Tráfico de influencias

A la falta de apoyo se suma el estancamiento de la investigación para deducir responsabilidades y que refleja impunidad en el proceso. El atraso es justificado por amparos presentados por la empresa señalada, según las fuentes consultadas.

Rafael Maldonado, representante del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas), denunció  un posible “tráfico de influencias e ilegalidades” en la Sala de Apelaciones de Petén, responsable de las acciones.

“Esa Sala ha emitido resoluciones contradictorias, desatinadas e ilegales… el tráfico de influencias se evidencia porque en varias ocasiones otorgaron a favor los amparos que Repsa solicitó, el colmo fue que la empresa presentaba una acción por  la mañana y los magistrados resolvían por la tarde”, señaló Maldonado.

Yuri Melini, también de Calas, sospecha que la empresa ha pagado para agilizar las acciones a su favor, razón por la que analizan solicitar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigue el proceso.

La Fiscalía de Ambiente del Ministerio Público (MP) duda del trabajo de los magistrados por la rapidez con que han resuelto las acciones que favorecen a Repsa, mientras que una recusación que podría afectarlos se ha estancado unos 10 meses.

“La justificación que han dado los miembros de la Sala es que Calas no señaló correctamente la dirección para recibir las notificaciones, según dicen; pero lo extraño es por qué los amparos subsiguientes sí fueron notificados a Calas”, cuestiona la Fiscalía.

Saúl Paau, coordinador del grupo por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, denunció un proceso viciado y la falta de voluntad del jefe edil. “Hemos visto  la poca voluntad del  alcalde, sabemos que se ha reunido con personal de Repsa”, aseveró.

Valentina Flores, gerente de Comunicación de la empresa, rechazó los señalamientos y aseguró que la compañía ha sido respetuosa de la ley.

“El tráfico de influencias viene de personas que generan noticias falsas, que tienen como  propósito influir en el ánimo de jueces y magistrados”, afirmó. 

Mientras se discute el atraso, el Observatorio Ambiental de Guatemala teme que si el fenómeno se repite no se cuente con las medidas para controlarlo, ya que se desconoce el agente que provocó la mortandad de peces.

Sanciones para Repsa

El Marn sancionó en abril último a Repsa por haber comenzado el proyecto  Planta de Extracción de Aceite de la Reforestadora de Palmas de El Petén, en la comunidad El Pato, Sayaxché, por no  contar con el instrumento ambiental debidamente aprobado. “La sanción administrativa fue por  Q100 mil”, establece el informe de la cartera.

Una segunda sanción asciende a Q10 mil, por haber comenzado actividades no autorizadas en el estudio de evaluación de impacto ambiental en la resolución que aprueba el proyecto.

Repsa no ha pagado las multas, porque fueron  impugnadas, se informó.

“Empresa respetuosa”

Repsa manifestó que es una empresa respetuosa del Estado de Derecho y que “jamás” ha incurrido en actos ilegales.

“Los recursos que se han presentado son los recursos apegados a la Ley, en defensa de nuestros derechos”, aseguró Valentina Flores, gerente de Comunicación de Repsa.

Agregó que la entidad ha colaborado con las autoridades, prueba de ello son las más de 25 visitas,  entre allanamientos y diligencias, con el propósito de investigar las causas de lo ocurrido. “No ha existido ninguna paralización de la investigación”, concluyó la representante de la empresa. 

Sin resultados

Raúl Maas, del Observatorio Ambiental de Guatemala, manifestó la necesidad que se retome la investigación, porque a la fecha se desconocen los resultados. “Se desconoce qué  agente causal provocó la muerte de los peces, allí debería desprenderse la búsqueda”, aseveró.

Agregó que por los atributos que tiene el sistema fluvial los efectos de las sustancias tóxicas se redujeron. “Uno esperaría que  las poblaciones naturales hayan empezado a recobrar sus condiciones. El problema es que si no se conoce el agente causal y si se llegará a repetir, no hay cómo prevenir el problema”, afirmó.

Resarcir a víctimas

El año pasado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala recomendó que además de investigar el caso era necesario resarcir a las personas afectadas.

“Estamos conscientes que el Ministerio Público está trabajando con seriedad y esperamos que pueda hacer las investigaciones necesarias para identificar no sólo a los responsables de los hechos ocurridos, quienes deberían resarcir a las víctimas, sino también las razones precisas de la contaminación del río La Pasión, para así asegurar medidas de no repetición”, recomendó la comisión.