En los allanamientos “se busca documentación que pueda ayudar a la Fiscalía en el proceso de investigación” por plazas fantasmas en el Organismo Legislativo, en el que está implicado el expresidente del Congreso Pedro Muadi.
Fuentes del Congreso confirmaron que uno de los puntos donde se realizan allanamientos es una oficina ubicada en la 5 avenida y 15 calle de la zona 13 capitalina, donde trabajarían empleados de diputados.
Según el MP, 23 personas, entre ellos colaboradores de Muadi, han sido detenidas desde julio pasado por su presunta implicación en la red de plazas fantasmas en el Parlamento.
Investigación
En las pesquisas realizada por la Fiscalía, iniciada en febrero de 2015, se determinó la existencia de múltiples plazas fantasmas que beneficiaban de manera directa Muadi.
La investigación determinó que mientras Muadi fungió como Presidente del Congreso dirigió una estructura dedicada a conseguir plazas fantasmas para beneficiarse económicamente.
La estructura liderada por el diputado, era manejada en su parte operativa por Claudia María Bolaños Morales, quien se encuentra ligada al proceso penal.
Las investigaciones determinaron que Bolaños registraba su firma al lado de los supuestos trabajadores y se encargaba de manejar los sueldos que se les depositaba.
Un seguimiento al movimiento bancario de las cuentas logró determinar que una buena parte del dinero que se cobraba con las plazas fantasmas, era depositado en la empresa Productos, Servicios y Equipos (PSE), donde Pedro Muadi tiene acciones.
Se presumen que esta red habría sustraído más de Q4.7 millones en adjudicación de plazas fantasmas, entre ellas las de 15 guardias de seguridad privada, quienes no se presentaban a trabajar.
Según la Cicig, los guardias habían firmado contrato en el Congreso por Q8 mil cada mes pero recibían únicamente Q2 mil.
Muadi se encuentra en prisión preventiva y encausado desde noviembre pasado por los delitos de Lavado de Dinero, Asociación Ilícita y Peculado.
Ayer la Contraloría General de Cuentas (CGC), comenzó la realización de un censo de trabajadores en el Congreso con la intención de determinar la existencia de plazas fantasma.
