Justicia

Oficina contra la Tortura denuncia vejámenes en las cárceles del país

Las revisiones constantes de la Oficina contra la Tortura en las distintas cárceles del país pondrían en evidencia el abuso de la prisión preventiva, la falta de jueces y violaciones constantes a los derechos humanos de los reos.

La carceleta de la Torre de Tribunales ha sido acondicionada, sin embargo, en ocasiones se satura por tantas personas consignadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La carceleta de la Torre de Tribunales ha sido acondicionada, sin embargo, en ocasiones se satura por tantas personas consignadas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Lo desconocido

Veras indicó que hasta el momento no hay un informe en donde se haga constancia de que en las carceletas se cumplen los requerimientos internacionales, como el derecho a que el detenido sea evaluado por un médico, o que haga una llamada telefónica.

El encarcelamiento por faltas también provoca que personas que se involucraron en hechos de tránsito sean llevadas a las mismas carceletas donde se encuentran reos peligrosos.

Según la Oficina contra la Tortura, las faltas en las que más incurre la población son en hechos de tránsito y riñas por alcoholismo, situaciones en las cuales, en ocasiones, no es necesario dictar prisión preventiva.

También se menciona que actualmente existen 13 carceletas autorizadas que controla la PNC, estas se ubican en diferentes comisarías y a esos lugares llevan a personas que son consignadas por diferentes situaciones, sin que sean separados de acuerdo con la falta o delito que cometieron.

“No tienen las condiciones adecuadas, es un recurso utilizado por la PNC por no existir lugares adecuados, estos lugares no tienen iluminación, inodoros, agua, lugares donde descansar, guardan humedad, las paredes están rajadas, hay goteras, y hay que recalcar que cualquier persona está vulnerable a estar en esos lugares, por un hecho de tránsito u otras situaciones”, explicó Veras.

Todas las cárceles del país presentan algún grado de hacinamiento, según la Oficina contra la Tortura. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Denuncia

En el caso de Concepción Tutuapa, en donde fue localizado el joven en una celda con condiciones inhumanas, se interpusieron las denuncias en el Ministerio Público y será este ente el que decidirá si hay persecución penal en contra de autoridades ediles que lo mantuvieron por más de 12 horas en esas condiciones

“En una oportunidad, hace cuatro meses, mandamos recomendaciones a la fiscal general para que se creara una fiscalía que viera temas de denuncias por la demora de los plazos de prisión preventiva. Hay una fiscalía de derechos humanos, pero solo ven denuncias de sindicalistas y del conflicto armado, pero una fiscalía como tal no existe, y por eso no concretizan, no avanzan y diferentes fiscalías tienen estas denuncias”, explicó el relator Otto Paz.

El relator también aseveró que el sistema penitenciario no ha presentado mil informes que le ha requerido el Instituto de la Defensa Público Penal para que los reos que tienen derecho a redención de penas inicien un proceso ante un juez de ejecución, por lo que los procesos no avanzan.

Paz aseveró que también han presentado varias denuncias en contra del Sistema Penitenciario por alimentos e incumplimiento de contratos, donde se licitan ciertos productos pero al final se les da otros a los privados de libertad.

“A los reos les dan frijol parado con un poco de crema y tortillas en los tres tiempos, y lo sabemos porque hemos verificado, pero cuando saben que iremos en el menú nos han servido pollo frito, carne mechada, pero al preguntarle a los reos dicen que no han probado carne en muchos años”, señaló el relator.

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No cumplen

Según la Oficina contra la Tortura, en varios municipios los jueces de paz no cumplen con su trabajo.

El artículo 106 de la ley organismo judicial dice que un juzgado de paz debe permanecer, si no abierto, en alerta por cualquier situación. En el caso de San Miguel Tutuapa, afuera del juzgado de paz había un rótulo con un número de teléfono a donde comunicarse en caso de emergencia y nadie contestó.

“¿Qué pasaría en un caso donde un niño necesita abrigo de inmediato por cualquier razón, y se debe enviar a un albergue o un caso de violencia contra la mujer, no hay nadie disponible en ese juzgado?”, lamenta Paz.

El relator reiteró que es la Cámara Penal del Organismo Judicial la que debe supervisar que los juzgados de paz funcionen adecuadamente y ahora han encontrado municipios donde no hay juzgados de paz o un juez de paz cubre varios municipios, como el caso de Tacaná y Comitancillo, en San Marcos, en donde se les informó que habían pasado siete meses y no tenían un juez de paz.

“Solo hay una juez para Ixiguan, Tacaná y Comitancillo -San Marcos-,  entonces, cómo harán una justicia pronta y cumplida cuando en el Organismo Judicial existe un listado de jueces esperando su nombramiento”, expresó.

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