Según pesquisas, esta estructura criminal operaba en el país desde el año 2000, está integrada por al menos 47 personas, de las cuales 23 se encuentran prófugas.

La banda estaba conformada por abogados, testaferros, personas que promocionaban los bienes inmuebles y otros que ubicaban las propiedades deshabitadas.

La investigación detalla que la agrupación identificaba los inmuebles deshabitados, cuyos dueños fueran mayores o que residieran en el extranjero, ubicaban los datos de los verdaderos propietarios, falsificaban sus documentos de identidad y firmas para hacer el traspaso a un testaferro, quienes los vendían  a terceras personas.

Por este caso fueron ligados a proceso 24 personas, sindicados por los delitos de asociación ilícita, caso especial de estafa, falsedad, ideología, uso de documentos falsificados, cohecho activo y cohecho pasivo.

Se cree que dicha estructura estaría involucrada en el asesinato de la jueza de Trabajo y Prevención Social, Flor de María Gil Ovalle, y su hijo, Héctor Homero Juárez Gil.

Gil Ovalle llevó a la Fiscalía a descubrir una red de estafadores de bienes inmuebles, que además mataba a sus víctimas. Fue asesinada el 9 de agosto del 2009 en un sector de la zona 9 cuando conducía su vehículo, mientras que a su hijo lo mataron el 30 de julio de 2010, en la zona 11.

*Con información de Jerson Ramos