Según demostró el Ministerio Público (MP), esta estructura criminal se dedicaba al robo de viviendas, montando vigilancias a sus víctimas para interceptarlas al momento de salir o ingresar de casa.
Las víctimas eran amenazadas para que retornaran a su vivienda. Ya dentro eran amarrados de pies y manos, momento en el que los delincuentes aprovechaban a saquear las pertenencias de la vivienda.
Además de los robos, algunas de las víctimas mujeres sufrieron ataques sexuales y hasta violación por los integrantes de la banda, hechos que también fueron demostraron durante el debate oral y público.
La sentencia mayor de 94 años de cárcel fue impuesta a Juan Bautista Portillo Bonilla por los delitos de asociación ilícita, robo agravado en forma continuada, detenciones ilegales, violación y agresión sexual con agravación de la pena.
Asimismo, se fijaron 27 años de prisión a Jesús Alberto Cajas por los cargos de asociación ilícita, robo agravado en forma continuada y detenciones ilegales.
Para el caso de Crishaldy Laudiny Enríquez Cruz, Fórrest Alexander Romero y Angel Estuardo Toledo, la pena es de 26 años por asociación ilícita y robo agravado en forma continuada.
En la organización criminal también había mujeres: María Alejandrina Xiloj y Leslie Alejandra Martínez, para quienes se impuso una pena de seis años de cárcel por el delito de robo agravado y encubrimiento.
