“Las personas o las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica”, dijo en un comunicado Matthew Reynolds, representante de Acnur para Estados Unidos y el Caribe.
Reynolds explicó que los vuelos se dan bajo el Título 42, una disposición instaurada durante el gobierno del expresidente Donald Trump al inicio de la pandemia del coronavirus, que permite a Estados Unidos expulsar migrantes rápidamente bajo argumentos de salud pública.
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“El Título 42 impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos”, dijo.
El funcionario denunció que esa expulsión aumenta el riesgo de “devolución en cadena”, esto es, devoluciones sucesivas por parte de diferentes países de personas vulnerables en peligro.
Agregó que la expulsión de migrantes por esta vía pondrá también a prueba la capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala, junto con un mayor riesgo de transmisión de covid-19.
En el aeropuerto internacional de Tapachula, Chiapas (sur), fronterizo con Guatemala, la AFP constató la llegada de un avión con migrantes, entre ellos el guatemalteco Fredy Fernando, quien viajó a Estados Unidos con su esposa e hija pequeña para obtener asilo.
Los tres llegaron a ese país el lunes e inmediatamente fueron detenidos por las autoridades estadounidenses migratorias, y este miércoles fueron deportados vía aérea a Tapachula y en autobús a Guatemala.
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Las autoridades estadounidenses “nos nos dieron explicaciones, solo nos tomaron la huella y nada más, no nos preguntaron ni ‘por qué vienen’, nada”, dijo Fredy al descender del autobús. “No perdemos las esperanzas de volver” a intentar ingresar a Estados Unidos, remató.
Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha multiplicado el número de migrantes que intentan cruzar ilegalmente desde México, muchos de ellos menores de edad.
Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados 27 mil 562 efectivos de las fuerzas armadas en sus fronteras sur y norte.
